Ayer, la venezolana Skarle Valentina Mujica Zapata fue liberada después de estar detenida durante siete días por haber atropellado y provocado la muerte de Julio César de la Rosa Peralta (Junior) el 15 de junio en la autopista 30 de Mayo. La jueza Emely Bruno ordenó su liberación bajo ciertas condiciones, incluyendo el pago de una fianza de un millón de pesos, la retención de su pasaporte y presentarse ante las autoridades mensualmente. Aunque el padre de la víctima había pedido que se considerara el caso como un homicidio, mostró conformidad con la decisión de la jueza.

El padre de la víctima, Julio César de la Rosa Tiburcio, quien es el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), expresó no sentir rencor hacia la joven, valorando su arrepentimiento durante la audiencia. Destacó que como seres humanos, todos pueden cometer errores y que es importante reconocerlos. Respecto a la posibilidad de que su hijo iba a ser asaltado esa noche, mencionó que la Policía Nacional deberá corroborar esa información y que el caso estaría en una nueva etapa de investigación.

Skarle Mujica Zapata expresó su pesar por lo ocurrido y envió sus condolencias a la familia de Julio César al salir de la Casa del Conductor. Se limitó a dar detalles sobre cómo ocurrió el accidente por respeto a la familia de la víctima. El Ministerio Público tiene seis meses para presentar la acusación, y los familiares de la víctima estuvieron de acuerdo en que la joven no fuera sujeta a prisión preventiva. El abogado de Mujica Zapata afirmó que la parte querellante y el Ministerio Público acordaron que no era necesario que fuera enviada a prisión preventiva.

El accidente ocurrió el 15 de junio alrededor de las 11:30 de la noche, cuando la acusada transitaba a alta velocidad por la autopista 30 de Mayo y atropelló a Julio César de la Rosa Peralta, quien falleció inmediatamente. Según el Ministerio Público, la acusada no ofreció ayuda a la víctima ni prestó asistencia como indica la normativa de tránsito. Además, se le acusa de dar declaraciones falsas y tardías ante las autoridades. La solicitud de medida de coerción se basa en pruebas como el acta policial, certificado de defunción de la víctima, matrícula del vehículo de la acusada, testimonios y otras pruebas documentales.

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