La República Dominicana del siglo XXI sigue siendo gobernada por leyes que fueron promulgadas hace siglos y que aún están en vigor, a pesar de que fueron creadas para una época y una sociedad muy diferentes a las actuales. El Congreso Nacional no ha logrado actualizar estas leyes, lo que ha llevado a un atraso legislativo aún mayor después de la reforma constitucional de 2010, que cambió el modelo del Estado dominicano. El abogado Servio Tulio Castaños Guzmán destaca la necesidad de adecuar las normas a la nueva visión del Estado, que pasó de ser liberal a un Estado social y democrático de derecho.
Entre los mecanismos que aún deben regularse se encuentran el plebiscito y el referéndum. La Ley 2274, que estableció el Código Penal, y el Código Civil fueron promulgadas en 1884, unos 40 años después de la independencia dominicana, durante el gobierno de Ulises Heureaux. Estos códigos se basaron en el Código Penal de Francia de 1810, durante el imperio de Napoleón Bonaparte, y se les conoce como códigos napoleónicos.
La Ley de Divorcios (1306) que está en vigencia tiene 88 años, fue promulgada en 1936, en la época en que Rafael Trujillo tenía solo seis años en el poder y a las mujeres no se les permitía votar. Esta ley prohíbe el divorcio en matrimonios católicos, otorga la custodia de los niños menores de cuatro años exclusivamente a la madre y establece que si la mujer abandona el hogar durante el proceso de divorcio, un juez debe determinar su lugar de residencia y el esposo está obligado a pagar una pensión alimenticia.
Otra ley antigua es la que regula los alquileres, la Ley 4314 de 1955, durante la Era de Trujillo, promulgada por Héctor Bienvenido Trujillo, hermano del dictador. Esta ley, que consta de solo siete artículos, no aborda todos los aspectos de la relación entre propietario e inquilino. La Ley 3162 de 1962 aborda el derecho a la libertad de expresión, estableciendo multas desde 10 pesos por ofensas al presidente y difusión de noticias falsas, con penas de prisión de tres meses a dos años.
El Código de Justicia de la Policía de 1966 y el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas de 1953 penalizan las relaciones homosexuales con penas de hasta dos años de prisión. En resumen, la República Dominicana todavía se rige por leyes obsoletas que datan de hace décadas e incluso siglos, lo que resalta la necesidad urgente de una actualización legislativa para adaptarlas a la realidad actual del país.
