La representante de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, considera importante que las discusiones sobre las reformas propuestas por el Gobierno se extiendan a todos los sectores de la sociedad. Advierte que discutir estas propuestas solo en el Congreso Nacional podría generar preocupaciones debido a la mayoría legislativa del oficialismo. Blanco recuerda que en 2022 comenzaron las conversaciones sobre una reforma constitucional en una mesa de diálogo. Respecto a la reforma fiscal, señaló que se solicitó en 2015 como parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
En relación a la reforma constitucional, Blanco considera que es necesario abordar el tema de manera seria y también analizar la calidad del gasto y la eficiencia en el mismo. Destaca la importancia de mejorar la eficiencia en el gasto antes de hablar de reformas, ya que es fundamental saber cómo se utilizarán los fondos recaudados. Insiste en la necesidad de priorizar la eficiencia del gasto antes de abordar las reformas.
Leidy Blanco emitió sus declaraciones después de asistir a la rendición de cuentas del Defensor del Pueblo en un evento realizado en el Senado de la República. Durante su intervención, hizo hincapié en la importancia de abordar el tema de la reforma constitucional de manera amplia y con la participación de todos los sectores de la sociedad. Destacó la necesidad de discutir no solo las reformas propuestas, sino también la eficiencia en el gasto público.
Blanco insistió en la importancia de garantizar la transparencia en el uso de los fondos recaudados a través de la reforma fiscal y de mejorar la eficiencia en el gasto público antes de proceder con nuevas reformas. Considera fundamental involucrar a todos los sectores de la sociedad en las discusiones sobre las reformas propuestas por el Gobierno, para garantizar una mayor legitimidad y transparencia en el proceso.
En resumen, Leidy Blanco destaca la importancia de extender las discusiones sobre las reformas propuestas por el Gobierno a todos los sectores de la sociedad, para garantizar un proceso transparente y legítimo. Aboga por mejorar la eficiencia en el gasto público antes de abordar las reformas y por garantizar la transparencia en el uso de los fondos recaudados a través de la reforma fiscal. Considera fundamental la participación de todos los sectores en las discusiones sobre la reforma constitucional y la calidad del gasto público.
