El Ministerio de Interior y Policía anunció la creación de la Dirección de Área para la Prevención de Ocupaciones Irregulares de la Propiedad Privada, una dependencia consignada en el decreto 668-22 del presidente Luis Abinader. Esta orden, emitida el 11 de noviembre de 2022, instruye a perseguir y someter ante la justicia a los extranjeros que participen en ocupaciones ilegales de terrenos de propiedad privada o del Estado. La unidad cuenta con cinco departamentos y 15 divisiones, cuyo objetivo es prevenir y perseguir las invasiones ilegales. Los nombres de los incumbentes de estas posiciones serán revelados próximamente.
Por otro lado, el artículo tres de la disposición establece que la Dirección General de Migración ejecutará la expulsión de extranjeros que hayan participado en ocupaciones o invasiones ilegales. Aquellas personas deportadas por esta causa no podrán obtener ningún tipo de visado o permiso de entrada al territorio de la República Dominicana, ya sea como turistas o residentes. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores será responsable de notificar a los consulados de los extranjeros que infrinjan la ley en este sentido.
La ministra Faride Raful mencionó que la designación del vicealmirante Luis Lee Ballester como responsable de la Dirección General de Migración es parte de un enfoque integral del Estado dominicano para abordar la migración ilegal en el país. La política migratoria del gobierno, dirigida por el presidente Luis Abinader, busca fortalecer las unidades especializadas en migración para abordar de manera efectiva la presencia de personas en el territorio nacional de forma irregular, llevándolas de vuelta a sus países de origen si no cuentan con regularización.
En este sentido, se destaca que la Dirección de Área para la Prevención de Ocupaciones Irregulares de la Propiedad Privada buscará prevenir y combatir las invasiones ilegales en terrenos de propiedad privada o del Estado, a través de sus diferentes departamentos y divisiones. La expulsión de extranjeros involucrados en estas actividades ilegales es una medida contemplada en el decreto 668-22, con la finalidad de garantizar el respeto a la propiedad y la legalidad en el país.
Esta nueva dirección se une a los esfuerzos del gobierno dominicano para combatir la migración ilegal y las ocupaciones irregulares de terrenos, como parte de una estrategia integral para fortalecer el estado de derecho y proteger los derechos de los propietarios de terrenos en el país. La coordinación entre el Ministerio de Interior y Policía, la Dirección General de Migración y el Ministerio de Relaciones Exteriores será fundamental para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del decreto 668-22 y mantener el orden y la legalidad en la República Dominicana.
