El Canciller dominicano, Roberto Álvarez, ratificó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la medida de deportar hasta 10 mil haitianos semanales que se encuentren en situación irregular en República Dominicana. En respuesta al llamado de detener las deportaciones por parte de las autoridades haitianas, Álvarez sostuvo que esto equivaldría a declarar una frontera abierta, lo cual no se puede permitir ya que fomentaría una mayor migración irregular al país.
El embajador haitiano ante la ONU, Antonio Rodríguez, también denunció las deportaciones realizadas por las autoridades dominicanas, calificándolas como una violación a los derechos humanos y al principio de vecindad. Rodríguez solicitó solidaridad internacional para frenar las repatriaciones de haitianos, argumentando que estas acciones ponen en aprietos la capacidad de Haití para responder a las necesidades humanas urgentes en un contexto extremadamente frágil.
A pesar de la llegada de una misión multinacional de fuerza en Haití hace tres meses, el Canciller dominicano señaló que no se evidencian mejoras significativas para la estabilización del país, lo que ha llevado al Gobierno dominicano a recrudecer sus medidas contra la migración irregular. Álvarez enfatizó que República Dominicana es un país solidario, pero su límite en ayudar es la preservación de la seguridad nacional y el cumplimiento de las leyes.
Roberto Álvarez destacó que República Dominicana ha enfrentado la crisis haitiana prácticamente sola durante décadas, a pesar de albergar a 147 mil estudiantes haitianos en las escuelas y destinar el 16% del presupuesto de salud a la población haitiana. El Canciller recordó que la crisis en Haití es responsabilidad de ese país, agravada por la falta de apoyo sostenido de la comunidad internacional. Álvarez dejó claro que los dominicanos no son responsables de la situación humanitaria, económica o de inseguridad en Haití.
En resumen, la postura del Canciller dominicano y del embajador haitiano ante la ONU refleja un conflicto entre ambos países respecto a las deportaciones de haitianos desde República Dominicana. Mientras Álvarez defiende las medidas como necesarias para preservar la seguridad nacional, Rodríguez las denuncia como una violación de los derechos humanos. La falta de mejoras significativas en la estabilización de Haití también influye en la decisión de República Dominicana de recrudecer las deportaciones.
En medio de esta controversia, la solidaridad internacional se presenta como un factor clave en la resolución de la crisis migratoria entre República Dominicana y Haití. La situación evidencia la complejidad de las relaciones entre ambos países y la necesidad de encontrar soluciones que respeten los derechos humanos y la seguridad nacional de cada uno. Mientras tanto, la tensión persiste y las deportaciones de haitianos desde República Dominicana continúan generando debate y discordia.
