La Asociación Dominicana de Promotores y Constructores de Viviendas (Acoprovi) informó que enfrenta demoras de más de seis meses en la aprobación de permisos por parte del Ministerio de Medio Ambiente para iniciar proyectos de construcción. Esto ha generado pérdidas económicas y de empleo significativas en el país. La presidenta de la asociación, Annerys Meléndez, destacó que el retraso en la aprobación de licencias representa una disminución de 45,000 millones de pesos en tres meses y la pérdida de alrededor de 60,000 puestos de trabajo. La problemática afecta principalmente a la zona urbana, donde se lleva a cabo el 72 % de las edificaciones en el país.
Los representantes del sector de la construcción han manifestado su preocupación por la burocracia que obstaculiza los procesos de construcción de viviendas en la República Dominicana. Esta situación no solo afecta al sector de la construcción, sino que también impacta la competitividad del país, el clima de negocios y las inversiones, teniendo un efecto negativo en el desarrollo económico y social del país. Se han realizado acercamientos a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente para proponer soluciones a la ralentización de los procesos, sin lograr un consenso específico.
Los constructores y promotores han propuesto la inclusión de una nueva categoría en las políticas de evaluación para facilitar la construcción de proyectos urbanos de vivienda en áreas no vulnerables ambientalmente. Reconocen los avances en permisos ambientales a través de la transformación digital, pero consideran que aún hay oportunidades de mejora en los tiempos y consensos. Continuarán realizando acercamientos con la administración pública para impulsar el crecimiento del sector y contribuir al desarrollo económico del país. Se destaca la importancia de colaborar estrechamente con las autoridades medioambientales para garantizar que las actividades en el sector cumplen con las regulaciones existentes y contribuyen positivamente a la preservación del medio ambiente y al progreso social.
La presidenta de Acoprovi, Annerys Meléndez, señaló que los trámites del sector suelen tardar de tres a ocho meses, mientras que en tiempos pasados se resolvían en 15 días. El objetivo es colaborar para asegurar que tanto el diseño como la ejecución de políticas sean beneficiosos para agilizar los tiempos de respuesta en la tramitación de proyectos y reducir los plazos para obtener autorizaciones ambientales. El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao, Alejandro Fondeur, también resaltó que los ciudadanos, organizaciones y empresas del país se enfrentan a procedimientos complejos, requisitos redundantes e innecesarios y pérdida de tiempo en el proceso de obtención de permisos.
Los representantes del Sector Unido de la Construcción, que incluyen a Acoprovi, Aprocovici y Adecla, ratificaron su compromiso con el desarrollo sostenible en la República Dominicana. Destacaron la importancia de trabajar en colaboración con las autoridades medioambientales para garantizar que las actividades en el sector cumplan con las regulaciones existentes y contribuyan positivamente a la preservación del medio ambiente y al progreso social. Se espera que la inclusión de una nueva categoría en las políticas de evaluación facilite la construcción de proyectos urbanos de vivienda en áreas no vulnerables ambientalmente, contribuyendo al crecimiento económico y social del país.
