El Gobierno de Venezuela anunció que tomará acciones legales para reparar el daño causado por la confiscación del avión oficial del presidente Nicolás Maduro en República Dominicana por orden de Estados Unidos, calificando la medida como "piratería". Según Washington, la aeronave fue comprada ilegalmente por 13 millones de dólares y pertenece a Maduro y a personas afiliadas a él en Venezuela. Sin embargo, el gobierno venezolano considera esta acción como parte de una escalada de acciones contra el Gobierno tras las elecciones de julio en las que Maduro fue declarado ganador y la oposición denunció fraude.
Según el fiscal general de EE.UU., a finales de 2022 y principios de 2023 personas afiliadas a Maduro utilizaron una empresa fantasma en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión en Florida. Posteriormente, la aeronave fue exportada ilegalmente a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023 y ha sido utilizada para beneficio de Maduro y sus representantes, incluyendo el transporte del presidente en visitas a otros países. El Departamento de Justicia continuará persiguiendo a aquellos que violen las sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses en detrimento de la seguridad nacional.
El comunicado del Gobierno de Maduro denunció la actuación de Estados Unidos, acusándolos de utilizar su poderío económico y militar para presionar a países como República Dominicana para que sirvan de cómplices en sus acciones. Venezuela considera que se trata de una práctica criminal justificada en las sanciones impuestas contra altos funcionarios chavistas en los últimos años. La confiscación del avión es vista como un acto más en una serie de acciones contra el Gobierno venezolano, luego de las elecciones controvertidas de julio.
El Ejecutivo venezolano se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar el daño causado a la nación y afrontar los daños provocados por la política criminal de Estados Unidos. La confiscación del avión oficial de Maduro ha desencadenado un enfrentamiento entre ambos países, con distintas versiones sobre la legalidad de dicha acción y las motivaciones detrás de la misma. Mientras Venezuela califica la medida como piratería, Estados Unidos la justifica como parte de un esfuerzo por hacer cumplir las sanciones y controles de exportación.
La situación se enmarca en un contexto de tensión política y diplomática entre Venezuela y Estados Unidos, con acusaciones cruzadas y una escalada de acciones por ambas partes. La falta de reconocimiento internacional de las elecciones en Venezuela, así como las denuncias de fraude por parte de la oposición, han contribuido a intensificar las tensiones entre los dos países. La decisión de confiscar el avión de Maduro ha sido un punto de inflexión en esta relación ya complicada, generando controversia y confrontación en el ámbito internacional.
En medio de este escenario conflictivo, tanto Venezuela como Estados Unidos mantienen posturas firmes y acusan al otro país de actuar de manera ilegal y perjudicial para sus intereses. El gobierno de Maduro ha anunciado que tomará medidas legales para reparar el daño causado por la confiscación del avión presidencial, mientras que Estados Unidos defiende su actuación como parte de sus esfuerzos por hacer cumplir las sanciones y controles de exportación. La situación sigue evolucionando y es probable que continúe generando tensiones y enfrentamientos entre ambos países en el futuro cercano.
