El Gobierno de Venezuela considera a 11 países americanos como cómplices violentos por no reconocer la victoria electoral de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio, ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia pero cuestionada internacionalmente. Estos países, entre los que se encuentran Chile, Argentina, Estados Unidos y Uruguay, son acusados de violar el derecho internacional e inmiscuirse en asuntos internos venezolanos. Venezuela exige respeto a su soberanía y denuncia la violencia criminal desatada en las protestas poselectorales, responsabilizando a la oposición.
Los gobiernos de los países que no reconocen la victoria de Maduro dudan de la verificación de los resultados electorales por parte del TSJ y el Consejo Nacional Electoral, ambos controlados por personas afines al chavismo. Se cuestiona la ausencia de representantes opositores en el conteo oficial, la falta de publicación de las actas y la negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente. La Plataforma Unitaria Democrática asegura que su abanderado, Edmundo González Urrutia, ganó las presidenciales por amplio margen y ha recibido respaldo nacional e internacional en su reclamo.
El comunicado conjunto de los 11 países señala la falta de publicación de los resultados desagregados por parte del CNE, lo cual estaba contemplado en el cronograma electoral. Esta omisión ha sido exigida por la comunidad internacional, que ha expresado su desconfianza en el proceso electoral venezolano. La Coalición Opositora denuncia el uso de bandas criminales transnacionales contratadas para generar violencia en las protestas postelectorales y responsabiliza al Gobierno por estas acciones.
Venezuela rechaza el comunicado de los 11 países como un acto de injerencia en sus asuntos internos y sostiene que pulverizará cualquier intento de injerencia en su país. Se critica la política de cambio de régimen que estos países intentan imponer y se exige respeto a la soberanía e independencia venezolanas. La situación política en Venezuela sigue siendo objeto de controversia y las tensiones entre el Gobierno y la oposición se mantienen, con repercusiones a nivel nacional e internacional.
La crisis política en Venezuela continúa generando divisiones y polémicas a nivel regional e internacional. La comunidad internacional sigue sin reconocer la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuestionando la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Mientras tanto, el Gobierno de Venezuela acusa a estos países de ser cómplices de la violencia desatada en las protestas postelectorales y defiende la legitimidad de su victoria electoral, ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia. La falta de consenso y el escalamiento de tensiones políticas siguen siendo una constante en el panorama venezolano actual.
