El coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, Fernando Quiroz, ha expresado su preocupación por las deficiencias del reglamento de la Ley 3423-06 sobre Autismo en República Dominicana, señalando que estas podrían comprometer su efectividad. Quiroz resaltó que la guía carece de claridad en los objetivos y metas, no detalla los procedimientos y no especifica cómo se gestionarán los recursos, incluyendo el presupuesto. Además, el reglamento emitido por el presidente Luis Abinader a finales de julio pasado, mediante el decreto 403-24, se encuentra con tiempo vencido según lo establecido por la ley.
El activista por la inclusión ha identificado aspectos cruciales que requieren atención para garantizar que la ley cumpla su propósito de apoyar a las personas con autismo y sus familias. Entre estas deficiencias se destaca la falta de un enfoque claro en el Registro Nacional de Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), que permitiría determinar políticas públicas, presupuestos, cobertura de seguridad social y formación especializada en diversas áreas médicas. Asimismo, es crucial establecer centros para diagnósticos tempranos de TEA, espacios de atención terapéutica, de salud y educación, con el personal adecuado.
En cuanto a la coordinación entre entidades públicas y privadas involucradas, el reglamento no define claramente cómo se garantizará esta interacción efectiva, a pesar de que la ley designa al Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) como órgano rector. Además, se han mencionado comisiones interinstitucionales, entre las que destaca la creación del Sistema Multisectorial de Apoyo, Inclusión y Protección a las personas con Trastorno del Espectro Autista (SISTEA), con el objetivo de organizar e implementar políticas y servicios de forma estandarizada y coordinada.
Quiroz también ha señalado la falta de claridad respecto a los impactos específicos que se desean alcanzar con la ley, lo que deja a los actores involucrados sin una guía clara sobre las metas a lograr y podría resultar en una implementación inconsistente y dispersa. Asimismo, la ley contempla diversas tareas para instituciones de salud, educación y el Estado, pero no detalla cómo se coordinarán estas entidades ni quién supervisará el cumplimiento, lo que podría llevar a una falta de rendición de cuentas e ineficacia en las medidas implementadas.
Además, se hizo hincapié en la necesidad de apoyo del Estado a las familias vulnerables con TEA, especialmente a las madres solteras sin empleo y a aquellos padres que necesitan flexibilidad en sus horarios laborales para llevar a sus hijos a terapias. En cuanto a las responsabilidades, Quiroz expresó que es fundamental incluir un apartado específico sobre el presupuesto necesario, fuentes de financiamiento y mecanismos de asignación y auditoría para garantizar el uso eficiente y transparente de los fondos. También se pidió más claridad en el procedimiento administrativo sancionador para quienes incumplan la ley, y la implementación de mecanismos de sensibilización pública sobre los derechos de las personas con TEA para mejorar la comprensión del autismo en la sociedad.
