El Senado dominicano considerará un proyecto de ley que busca regular el cabildeo en la República Dominicana para hacer más transparente la influencia de particulares en la aprobación de proyectos en las instituciones del Estado. La iniciativa, propuesta por el senador Félix Bautista, busca que los lobistas estén registrados y clarifiquen a quién representan ante funcionarios públicos. La norma se aplicará a instituciones como gobernaciones, el Congreso, alcaldías, tribunales y la Junta Central Electoral, excluyendo a direcciones generales, el Banco Central, la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
El proyecto de ley establece que las actividades reguladas en el lobismo incluyen la elaboración y modificación de actos administrativos, así como decisiones adoptadas en el Congreso Nacional y proyectos ejecutados por funcionarios del Estado. Se prohíbe a los lobistas entregar dádivas, regalos o recompensas a los funcionarios públicos, y se prohíbe que reciban un trato privilegiado por parte de estos. Además, el senador Bautista señala que la aprobación de esta normativa situaría a la República Dominicana junto a unas 20 naciones que tienen leyes para regular el cabildeo.
El proyecto de ley será discutido en las próximas sesiones del Senado y deberá ser aprobado por ambas cámaras del Congreso para convertirse en ley. En los últimos cuatro años se han presentado dos proyectos similares que han caducado. Existen casos de exfuncionarios dominicanos que han pagado por servicios de lobismo, como el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el exprocurador Jean Alain Rodríguez. Además, empresas del país también contratan asesoría en cabildeo en los Estados Unidos.
La regulación del lobby es un tema importante en la República Dominicana y la aprobación de esta ley podría representar un paso significativo hacia la transparencia en las relaciones entre particulares e instituciones del Estado. La iniciativa propuesta por el senador Félix Bautista busca crear un marco legal que garantice que los lobistas estén registrados y transparenten sus acciones frente a los funcionarios públicos. Se espera que el proyecto sea discutido en el Senado en las próximas sesiones y pueda convertirse en ley una vez sea aprobado en ambas cámaras del Congreso.
