El Ministerio Público de Santo Domingo Este y Norte logró una condena de siete años de prisión contra Víctor Manuel Hernández Samora, acusado de falsificación de documentos y estafa en un caso ocurrido en 2019 en el municipio de Boca Chica.La condena fue impuesta por el Primer Tribunal Colegiado de la jurisdicción, compuesto por los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada. Además de la prisión, se impuso una indemnización de 12 millones de pesos a favor de las víctimas y al Estado dominicano.
El Ministerio Público presentó pruebas que demostraron que Hernández Samora violó varios artículos del Código Penal Dominicano relacionados con la falsificación y uso indebido de sellos del Estado, documentos públicos y privados, así como la estafa. El acusado había invadido un terreno perteneciente a una familia y presentó un acto de venta falso para intentar apropiarse de la propiedad.La investigación llevada a cabo por el procurador fiscal Milcíades Guzmán Leonardo reveló que la parcela en cuestión estaba registrada a nombre de las víctimas, lo que invalidaba la reclamación de Hernández Samora. Además, análisis forenses confirmaron la falsificación de firmas en el acto de venta presentado por el acusado.
La Dirección General de Impuestos Internos emitió una certificación que evidenció un recibo de pago de transferencia inmobiliaria a nombre de Hernández Samora sobre la misma parcela, lo que demostró su implicación en una trama fraudulenta. Un allanamiento en la residencia del imputado permitió la incautación de sellos que reforzaron las pruebas en su contra. Finalmente, el acusado cumplirá su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
La sentencia contra Víctor Manuel Hernández Samora es un precedente importante en la lucha contra la falsificación de documentos y la estafa en la República Dominicana. El Ministerio Público logró demostrar de manera contundente la culpabilidad del acusado y obtener una condena ejemplar que busca prevenir este tipo de delitos en el futuro. La colaboración entre fiscales, investigadores y peritos fue fundamental para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quien intentó despojar a una familia de su propiedad de manera fraudulenta.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la integridad en las transacciones inmobiliarias y el papel crucial de las autoridades en la protección de los derechos de propiedad de los ciudadanos. La condena de siete años de prisión y la indemnización impuesta a favor de las víctimas y del Estado dominicano envía un claro mensaje a aquellos que intenten cometer este tipo de delitos, señalando que no serán tolerados y que serán enfrentados con todo el peso de la ley. La actuación del Ministerio Público en este caso refuerza su compromiso con la defensa de la ley y la justicia en la República Dominicana.
