El Defensor del Pueblo de la República Dominicana ha recomendado al Gobierno implementar regulaciones específicas y una gestión cuidadosa para controlar el crecimiento del parque vehicular en el país. Según un estudio realizado por la entidad, el aumento del parque vehicular se identifica como un factor de riesgo en el aumento de las tasas de mortalidad por accidentes de tránsito. Entre las medidas propuestas se encuentran controles más estrictos en la emisión de licencias de conducir y políticas que desincentiven la adquisición excesiva de vehículos.
Este estudio, basado en el análisis de modelos económicos y de gobernanza nacionales e internacionales, comparó datos aportados por la Organización Mundial de la Salud para los años 2011, 2013 y 2016. Hasta diciembre de 2023, se registraron 5,810,888 vehículos en la Dirección General de Impuestos Internos, lo que representó un aumento de 346,892 vehículos respecto al año anterior. Se analizaron variables como la relación entre el ingreso per cápita y la reducción de la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, así como el impacto del aumento del parque vehicular de motocicletas.
El estudio reveló que el ingreso nacional bruto del país tiene una correlación negativa con la tasa de mortalidad por accidentes de tráfico por cada 100,000 habitantes. Según el modelo de efectos aleatorios, un aumento del 1 % en el GNI conlleva una disminución promedio de 1.82 en la tasa de fallecidos, mientras que un aumento del 1 % en el número de vehículos eleva esta tasa en 1.79. Por ello, se recomienda la promoción de políticas de seguridad vial adaptadas al contexto local, que aborden las disparidades económicas en el desplazamiento y el acceso al transporte.
El Defensor del Pueblo destaca la importancia de fortalecer y aplicar rigurosamente las normativas existentes, como la legislación sobre modificaciones de vehículos y el índice de seguridad de vehículos importados, para reducir las tasas de mortalidad por accidentes de tránsito. También se propone implementar incentivos para la adquisición de vehículos más seguros. Se enfatiza en la necesidad de una institucionalidad sólida y una gestión adecuada del crecimiento del parque vehicular para lograr reducciones significativas en las tasas de accidentes en el país.
En conclusión, el estudio resalta la conexión entre la seguridad vial y la protección de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida y al libre tránsito. Promover y garantizar la seguridad vial no solo contribuye al disfrute pleno de estos derechos, sino que también favorece el desarrollo de sociedades más equitativas y pacíficas. Además, se subraya la importancia de adaptar las políticas de seguridad vial al contexto local y de abordar las disparidades económicas en el acceso al transporte.
