La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Richard W.T., un dominicano, a 30 años de prisión por el asesinato de dos hombres en un 'pub' de Fuenlabrada en 2002. Además de la pena de cárcel, se le ha ordenado pagar 700.000 euros a doce familiares de las víctimas como responsabilidad civil. El jurado popular consideró probado que W.T. mató a las dos víctimas tras una discusión por motivos sentimentales y les disparó sorpresivamente con un arma de fuego del calibre 44.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en otra localidad días después del crimen, ya que W.T. se deshizo de ellos con la ayuda de otras personas. El acusado huyó de España y fue deportado a República Dominicana en 2007, pero fue arrestado en 2019 y extraditado a España en 2022. Tras ingresar en prisión provisional, finalmente se le ha dictado una condena de 30 años en base a las dilaciones indebidas en el proceso judicial.

Durante el juicio, W.T. insistió en que no fue el autor de los asesinatos y que el portero del local fue quien cometió los crímenes. Alegó que siempre llevaba un arma para su trabajo, pero solo admitió haber participado en el abandono de los cadáveres en un río. Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares pedían 32 años de prisión, mientras que la defensa solicitaba 14 años y su expulsión a República Dominicana cuando cumpliera parte de la condena.

La sentencia refleja el veredicto del jurado popular, que determinó que W.T. asesinó a las dos víctimas a corta distancia y de forma sorpresiva, sin que tuvieran oportunidad de defenderse. El acusado alegó que ha estado en paradero desconocido desde 2007 y que no cometió los crímenes. Sin embargo, la evidencia presentada durante el juicio fue suficiente para condenarlo a 30 años de prisión y al pago de una indemnización a las familias de las víctimas.

El caso ha tardado 22 años en juzgarse, lo que llevó al magistrado a considerar la dilación indebida como atenuante en la pena de cárcel. A pesar de la defensa de W.T., la sentencia ha sido clara en su veredicto, demostrando la responsabilidad del acusado en los asesinatos. Ahora, deberá cumplir su condena en prisión y enfrentar las consecuencias de sus actos, a pesar de mantener su declaración de inocencia durante todo el proceso judicial.

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