El expresidente de EE.UU., Donald Trump, ha demandado al Departamento de Justicia por 100 millones de dólares, alegando que la redada y registro realizados en su residencia de Mar-a-Lago en 2022, donde se confiscaron documentos clasificados que había llevado de la Casa Blanca, fueron inconstitucionales y buscaban dañar su reputación. Esta demanda, presentada bajo la Ley Federal de Demandas por Agravio, argumenta que la redada muestra una clara intención de persecución política contra el exmandatario, quien previamente fue acusado de retención ilegal de documentos confidenciales de la Casa Blanca.
El caso fue desestimado el pasado 15 de julio por una jueza de Florida, nombrada por Trump durante su presidencia, y actualmente se encuentra en proceso de apelación. La jueza argumentó que el fiscal especial a cargo de la investigación no fue designado legalmente, lo que violaba la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos. La demanda de Trump contra el Departamento de Justicia califica este registro como una conducta tortuosa por parte del Gobierno hacia el expresidente, centrándose en el registro del FBI en Mar-a-Lago y las acusaciones posteriores de retención indebida de documentos confidenciales.
Tras el registro en Mar-a-Lago, se designó a un fiscal especial que presentó 37 cargos criminales contra Trump relacionados con el manejo de materiales clasificados después de su mandato. Entre los delitos se encuentran la retención deliberada de información de defensa nacional, conspiración para obstruir la justicia y declaraciones falsas, de los cuales Trump se declaró no culpable. El Departamento de Justicia tiene 180 días para responder a la notificación de la demanda y llegar a una resolución.
La demanda contra el Departamento de Justicia argumenta que los actos ilícitos en contra de Trump tienen su origen en el procesamiento malicioso y abuso del proceso derivados de la redada en Mar-a-Lago. Se sostiene que las decisiones tomadas por el Departamento de Justicia y el FBI en relación con el registro fueron incompatibles con los protocolos que exigen el consentimiento del objetivo de investigación, la divulgación a sus abogados y el uso de la Fiscalía Federal local. Se afirma que las decisiones tomadas por el fiscal general y el director del FBI no se basaron en principios constitucionales.
El abogado de Trump ha expresado que al presentar esta demanda, el expresidente no solo se está defendiendo a sí mismo, sino que también está defendiendo a todos los ciudadanos que creen en el Estado de Derecho y en la rendición de cuentas del Gobierno cuando causa daño. La demanda busca exigir responsabilidad al Departamento de Justicia y al FBI por sus acciones en el caso de la redada en Mar-a-Lago y las acusaciones posteriores contra Trump. Actualmente, el caso se encuentra en proceso de apelación mientras se espera una respuesta por parte del Departamento de Justicia.
