El exministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero Ortiz, ha visto levantado el impedimento de salida del país impuesto en el marco del caso de corrupción desmantelado por la operación Calamar. La jueza Altagracia Ramírez ha mantenido la presentación periódica de Guerrero, quien deberá comparecer ante las autoridades judiciales el primer martes de cada mes. Además, la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha ratificado a la jueza Ramírez para presidir la audiencia preliminar del caso, que involucra a exfuncionarios. La próxima audiencia ha sido fijada para el 30 de septiembre.
El exministro de Hacienda es acusado de liderar una red desmantelada a través de la operación Calamar, la cual supuestamente utilizaba al menos 11 instituciones para realizar expropiaciones irregulares de terrenos, cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto. Estas acusaciones han llevado a que se le imponga una medida de coerción y se le mantenga bajo presentación periódica. A pesar de ello, ahora se le ha levantado el impedimento de salida del país, permitiéndole cierta libertad de movimiento.
La continuidad de la jueza Altagracia Ramírez para presidir la audiencia preliminar del caso confirma que la justicia dominicana continúa trabajando en la investigación y proceso legal contra los implicados en este caso de corrupción. La operación Calamar ha sido un duro golpe para varios exfuncionarios que enfrentan acusaciones graves relacionadas con el mal uso de recursos públicos y la manipulación de distintas instituciones para cometer actos ilícitos.
El caso de corrupción desmantelado a través de la operación Calamar ha generado un importante impacto en la sociedad dominicana, que sigue de cerca el desarrollo de las investigaciones y procesos legales. La lucha contra la corrupción es un tema de gran relevancia en el país, y casos como este demuestran la importancia de mantener la integridad y transparencia en la gestión de los recursos públicos. La ratificación de la jueza Altagracia Ramírez para presidir la audiencia preliminar brinda continuidad y seriedad al proceso judicial.
La próxima audiencia fijada para el 30 de septiembre será clave para seguir avanzando en el caso y determinar las responsabilidades de los implicados en la red desmantelada a través de la operación Calamar. El levantamiento del impedimento de salida del país al exministro de Hacienda representa un cambio en su situación legal, aunque deberá seguir compareciendo periódicamente ante las autoridades judiciales. La sociedad dominicana espera que se haga justicia y se castigue a quienes hayan cometido actos de corrupción, demostrando que nadie está por encima de la ley. La importancia de este caso radica en la necesidad de erradicar la corrupción y asegurar una gestión transparente y ética en las instituciones públicas.
