La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió mantener el arresto domiciliario como medida de coerción para el mayor general del Ejército, Adán Cáceres Silverio, en el caso de corrupción administrativa conocido como Operación Coral. La solicitud del Ministerio Público fue acogida por el tribunal, que desestimó un recurso de apelación presentado por Cáceres Silvestre y sus abogados, argumentando que las circunstancias que llevaron a imponer el arresto domiciliario con grilletes electrónicos no han cambiado.
El acusado buscaba que se modificaran las medidas de coerción a través del recurso presentado contra la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en marzo pasado. Inicialmente, se le impuso 18 meses de prisión preventiva que cumplió en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal. Cáceres Silverio, exjefe del Cusep, es acusado de liderar el entramado de corrupción que causó un desfalco al Estado dominicano por más de 4,500 millones de pesos.
El Ministerio Público presentó cargos por corrupción administrativa contra 48 personas en las operaciones Coral y Coral 5G, que incluyen tanto a individuos como a empresas acusadas de defraudar al Estado dominicano. El entramado de corrupción operaba en instituciones como el Cusep, el Cestur y el Conani. Además del mayor general Adán Cáceres Silverio, otros implicados en la Operación Coral 5G incluyen a generales de las Fuerzas Armadas, un capitán de navío, así como a otras personas como Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
En el caso de corrupción administrativa que involucra a altos cargos militares y civiles, la justicia dominicana ha mantenido al mayor general Adán Cáceres Silverio en arresto domiciliario con grilletes electrónicos e impedimento de salida del país. La Operación Coral y Coral 5G han revelado un entramado de corrupción que defraudó al Estado con miles de millones de pesos, afectando instituciones como el Cusep, el Cestur y el Conani. A lo largo del proceso judicial, se han presentado cargos contra numerosas personas físicas y jurídicas por su presunta participación en estos actos de corrupción.
