El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha modificado la medida de coerción impuesta al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores en el caso Coral, estableciendo ahora un impedimento de salida, presentación periódica y una garantía económica de RD$ 50,000. Por otro lado, el general Boanerges Reyes sigue cumpliendo con la medida de arresto domiciliario y colocación de grillete electrónico, ya que la jueza consideró que las pruebas presentadas por la defensa no reducen el riesgo de fuga.
Ambos acusados forman parte de un entramado de corrupción compuesto por 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, acusadas por el Ministerio Público de estafar al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos entre los años 2012 y 2020. Se ha señalado que los acusados también se apropiaron de fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística.
Entre los acusados se encuentran varios militares, como el mayor del Ejército Nacional Raúl Alejandro Girón Jiménez, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou, así como civiles como Rossy Guzmán Sánchez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, entre otros.
El juicio de fondo contra los acusados en el caso Coral está programado para comenzar el jueves 18 de abril a las 10 de la mañana, con la lectura formal de la acusación. Se espera que este proceso se extienda durante varios días, hasta el 30 de abril, para examinar detenidamente el caso. Se trata de uno de los mayores casos de corrupción en la República Dominicana y ha generado gran interés en la opinión pública.
El caso Coral ha generado indignación en la sociedad dominicana debido a la magnitud de la estafa cometida contra el Estado. Se espera que durante el juicio se presenten más pruebas y testimonios que confirmen la culpabilidad de los acusados. La justicia deberá hacer su trabajo de manera imparcial y garantizar que se haga justicia en este caso de corrupción que ha afectado gravemente las finanzas públicas del país.
Es importante que se lleve a cabo un juicio transparente y justo para que los responsables de este entramado de corrupción sean debidamente sancionados y se pueda recuperar el dinero defraudado al Estado. La sociedad dominicana espera que la justicia actúe con diligencia y que se establezca un precedente claro en la lucha contra la corrupción en el país. Este caso es un recordatorio de la importancia de fortalecer las instituciones y combatir de manera efectiva la corrupción en todos los niveles.
