La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva a tres mujeres acusadas de intentar comprar en un supermercado con 89 tarjetas del programa Supérate. Las acusadas, Leanding Cristal Mota Arias, Perla Massiel Pérez Germán y Crisleidy Toledo Mota, cumplirán la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres en San Cristóbal.
Las mujeres fueron arrestadas cuando intentaban pagar compras con las 89 tarjetas del programa Supérate en un establecimiento en la autopista Duarte, siendo detenidas en flagrante delito. El Ministerio Público indicó que las imputadas se asociaron para estafar al Estado dominicano realizando compras masivas con las tarjetas de subsidio otorgadas por el Gobierno a través de la Adess.
En el momento del arresto, se encontraron evidencias como alimentos como leche, aceite, café, salami, leche evaporada, plátanos, camarones y fresas, entre otros. Las mujeres enfrentan cargos por asociación de malhechores, obtención ilícita de fondos, usurpación de identidad, falsificación y estafa. Las investigaciones indican que 22 de las 89 tarjetas del programa no coinciden con la información visible en el plástico.
Estas acciones fraudulentas representan un intento de engañar al sistema de ayuda y protección social del Gobierno dominicano, con el fin de obtener beneficios de manera ilegal. La jueza Cecilia Toribio determinó la prisión preventiva para evitar que las acusadas puedan seguir realizando actividades delictivas utilizando las tarjetas de forma irregular en perjuicio del Estado y de la población beneficiaria del programa Supérate.
El Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar si las acusadas contaban con la complicidad de otras personas en este esquema de estafa. Se espera que se aplique todo el peso de la ley para castigar a quienes intentan defraudar al Estado y desviar los recursos destinados a programas sociales que buscan beneficiar a la población más vulnerable.
Es importante resaltar la importancia de la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos destinados a programas de ayuda social, para garantizar que estos lleguen a quienes realmente los necesitan y no caigan en manos de individuos que buscan obtener beneficios de manera ilegal. La sociedad dominicana espera que casos como este sean investigados a fondo y que se tomen medidas para prevenir la corrupción y el fraude en los programas de asistencia social del país.
