Un total de 29 oenegés de derechos humanos han pedido la renovación urgente del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que podría concluir en octubre. La misión fue creada en 2019 para investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otros tratos crueles cometidos en Venezuela desde 2014. Presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, la misión ha acusado a las autoridades venezolanas, incluido el presidente Nicolás Maduro, de posibles crímenes de lesa humanidad.
La renovación de la misión es considerada crucial en medio de una intensificación de la represión postelectoral en Venezuela. La violencia se ha desencadenado tras las controvertidas elecciones del 28 de julio, en las que se han denunciado más de 20 muertes y 2.400 detenidos. Diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, destacan la importancia de que la misión continúe su trabajo en un momento de grave represión de las manifestaciones de protesta.
El gobierno venezolano proclamó a Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio sin presentar las actas de votación desagregadas, como exige la ley. La oposición ha denunciado fraude y ha afirmado que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el ganador por una amplia ventaja. Maduro alega que las actas publicadas por la oposición son falsas y se niega a presentar las que prueben su victoria. En este contexto, la renovación del mandato de la misión de la ONU en Venezuela se vuelve aún más urgente.
El próximo 19 de septiembre se presentará un nuevo informe de la misión de la ONU en Venezuela durante la 57ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. Al finalizar las cinco semanas de debates, en la segunda semana de octubre, se deberá votar la renovación del mandato. Para lograr la renovación, la misión necesitará el voto mayoritario del Consejo, compuesto por 47 Estados miembros de la ONU, incluidos varios países latinoamericanos.
Entre las organizaciones firmantes del comunicado conjunto que piden la renovación del mandato de la misión se encuentran AlertaVenezuela, Centro de Justicia y Paz, Espacio Público, la Comisión Internacional de Juristas, Laboratorio de Paz, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y la Organización Mundial contra la Tortura, además de Amnistía Internacional y Human Rights Watch. La continuidad de la misión es vista como una pieza fundamental para la protección de las víctimas, los supervivientes y la población en general, en un contexto de grave crisis de derechos humanos en Venezuela.
