Conducir bajo los efectos del alcohol sigue siendo una de las principales causas de accidentes en República Dominicana. Para abordar esta situación, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) implementará el uso de alcoholímetros en puntos críticos seleccionados por los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). La Ley 63-17 respalda el uso de alcoholímetros en las carreteras del país, estableciendo que las autoridades tienen el derecho de realizar pruebas de alcoholemia a los conductores para reducir accidentes y mejorar la seguridad vial.
El uso de alcoholímetros en República Dominicana es legal, respaldado por la Ley 63-17. Cuando un conductor es solicitado por un agente de tránsito a someterse a una prueba de alcoholemia, tiene la obligación de cooperar según el artículo 256 de la ley, el cual prohíbe a los conductores ingerir alcohol mientras transitan o conducir en estado de embriaguez. Negarse a realizar la prueba puede acarrear sanciones económicas y la posible retención del vehículo o licencia de conducir.
La ley establece que el límite máximo de alcohol en sangre permitido es de 0.5 gramos por litro para conductores regulares y de 0.2 gramos por litro para choferes de transporte público o vehículos pesados. Superar estos límites se considera una infracción grave, lo que puede resultar en la retención del vehículo, multas, y en casos de reincidencia o riesgos a la seguridad pública, en el arresto del conductor. El conductor también deberá comparecer ante un juez para determinar sanciones adicionales.
Los alcoholímetros utilizados en República Dominicana deben cumplir con estándares de precisión y ser calibrados periódicamente para garantizar su fiabilidad. Las pruebas de alcoholemia en las vías son realizadas por agentes capacitados, quienes siguen un protocolo estandarizado que asegura la validez de los resultados. La ley también establece que los operativos deben respetar los derechos de los conductores y realizarse sin violar la privacidad de los ciudadanos, con los agentes obligados a informar al conductor sobre el procedimiento y los derechos que le asisten durante la prueba.
En caso de un resultado positivo en la prueba de alcoholemia, el agente de la Digesett puede retener al conductor bajo su supervisión durante hasta cuatro horas para evaluar si el nivel de alcohol en sangre disminuye a niveles seguros para conducir. Si el conductor excede el límite permitido de alcohol en sangre, las autoridades pueden tomar medidas inmediatas que incluyen la retención del vehículo, multas, y en casos graves, el arresto del conductor. Además, el conductor deberá comparecer ante un juez para determinar sanciones adicionales. Finalmente, si el conductor no cuenta con alguien que pueda llevarlo a su destino tras dar positivo en la prueba, deberá esperar el tiempo de retención determinado por las autoridades hasta poder conducir sin riesgos.
