La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) depositó una formal acusación y requerimiento de apertura a juicio en contra de Regino Martín Aza Ovalle, propietario de la empresa Agua Purificada Luz en Santo Domingo, por incurrir en un fraude superior a los 50 millones de pesos. Se identificó la existencia de un usuario irregular conectado directamente en media tensión en siete transformadores, lo que resultó en la sustracción ilegal de energía con un valor de RD$52,906,599.60.
El entramado delictivo constituye una violación a varios artículos de la Ley General de Electricidad, modificada por la Ley 186-07, incluyendo atentado contra el Sistema Eléctrico Nacional y fraude eléctrico. Este fraude ha causado un perjuicio a la distribuidora EDEESTE, S.A. y al Estado Dominicano. La tasación realizada por la distribuidora y aprobada por la Superintendencia de Electricidad confirmó el monto sustraído ilegalmente por el imputado.
Se ha establecido que Aza Ovalle sustrajo la energía de manera ilegal a través de la conexión irregular en transformadores de media tensión, con un consumo de 53.9 amperios. Este acto fraudulento ha generado un valor monetario significativo, lo que ha llevado a la Procuraduría a tomar acciones legales en su contra y solicitar su enjuiciamiento por las autoridades pertinentes en el Distrito Nacional.
La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico está tomando medidas para combatir el fraude eléctrico y proteger los intereses de las empresas distribuidoras de energía y el Estado Dominicano. Esta acción legal contra Aza Ovalle es parte de los esfuerzos para garantizar la integridad y el buen funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional y prevenir futuros casos de fraude que afecten a la población y las empresas.
El caso de fraude eléctrico involucrando a Regino Martín Aza Ovalle es uno de los muchos casos que la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico ha investigado y enjuiciado en su labor de combatir este tipo de delitos. Estas acciones legales buscan sancionar a aquellos que incurren en prácticas fraudulentas que afectan a la distribución equitativa y justa de energía eléctrica en el país.
El fraude eléctrico es un problema que afecta no solo a las empresas distribuidoras de energía, sino también a los consumidores y al Estado en general. La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico continuará trabajando para identificar y sancionar a aquellos que intenten defraudar al sistema eléctrico nacional, con el objetivo de garantizar un suministro de energía confiable y seguro para todos los ciudadanos de la República Dominicana.
