Solo 127 funcionarios municipales cumplieron con la declaración jurada de patrimonio en el plazo establecido, según la Cámara de Cuentas. El plazo inicialmente venció el viernes 24 de mayo, pero se extendió un día más debido a la alta concurrencia de declarantes que necesitaban completar información faltante. A otros 198 declarantes se les devolvieron sus declaraciones por variedad de razones, como haber completado la declaración bajo una ley derogada o falta de documentos de respaldo. La Ley 311-14 establece un plazo de 30 días para la presentación de la declaración, que en el caso de los funcionarios municipales electos inició el 25 de abril.
Durante las dos primeras semanas del plazo, hubo pocas solicitudes de prerregistro o registros de usuarios para la declaración de patrimonio, pero la actividad aumentó significativamente en la última semana. Se estima que alrededor de 2,500 funcionarios municipales electos y reelectos deben presentar una declaración jurada de inicio de su cargo o actualizar sus datos. La directora de Declaración Jurada, Génesis Bello, explicó que los funcionarios pueden continuar presentando sus declaraciones en las semanas siguientes, aunque se considerarán como declaraciones tardías.
El reglamento de aplicación de la Ley 311-14 establece la facultad de retener los salarios de los funcionarios en caso de incumplimiento en la presentación de la declaración de patrimonio. Aunque muchos funcionarios creen que esta medida solo se aplica a los que cobran a través de la Tesorería Nacional, el reglamento indica que cualquier entidad que pague el salario de un funcionario puede ser notificada por la Cámara de Cuentas para retener los pagos en caso de incumplimiento. Esta medida busca garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de funciones públicas.
La Ley 311-14 establece el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de Funcionarios y Servidores Públicos, con el objetivo de promover la transparencia en la gestión pública y prevenir la corrupción. Los funcionarios municipales tienen la obligación de presentar su declaración de patrimonio dentro del plazo establecido, bajo pena de sanciones en caso de incumplimiento. La Cámara de Cuentas es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de esta ley y de garantizar que los funcionarios públicos rindan cuentas sobre sus bienes y patrimonio.
La falta de documentos de respaldo, como certificaciones bancarias, y la presentación de declaraciones bajo leyes derogadas, son algunas de las razones por las cuales se devolvieron las declaraciones de patrimonio de algunos funcionarios. Es importante que los declarantes cumplan con todos los requisitos y brinden la información solicitada de manera clara y veraz para evitar contratiempos en el proceso. La transparencia en la gestión pública es fundamental para fortalecer la confianza de los ciudadanos en las autoridades y garantizar la integridad en el ejercicio de funciones públicas. La presentación oportuna y completa de la declaración de patrimonio es un paso crucial en este sentido.
