Los representantes sindicales Rafael -Pepe- Abreu, Gabriel del Río y Jacobo Ramos destacaron que el proyecto de ley de Modernización Fiscal propuesto por el gobierno incluye un plan de compensación que podría beneficiar a los trabajadores si se implementa como está planteado. Entre los beneficios mencionados se encuentra el aumento del salario mínimo en el sector público, incremento en las ayudas sociales y la posibilidad de que los trabajadores ahorren gracias a mejoras en los servicios básicos. Abreu valoró positivamente el incremento del salario mínimo, pero sugirió que también se incluyera a los jubilados y pensionados del Estado que devengan una pensión de 10 mil pesos. Además, abogó por un aumento salarial en el sector privado, extendiéndolo hasta los 30 mil pesos, argumentando que beneficiaría a toda la economía al aumentar la capacidad de compra.
Por otro lado, el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñe, catalogó como positivo el aumento del salario mínimo en el sector público, aunque consideró que debería ser incrementado a 20,000 pesos en lugar de 15,000. Del Río señaló la importancia de que la modernización fiscal no afecte a los más pobres con aumentos de impuestos, sino que la carga recaiga en los más ricos. Destacó la necesidad de una reforma integral para que los dominicanos puedan avanzar, argumentando que el país necesita recursos propios provenientes de quienes pueden pagar más impuestos.
En cuanto a Jacobo Ramos, presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), aseguró que los efectos de la reforma serán mayormente positivos para el país. Destacó el paquete de compensaciones que incluye aumentos salariales en el sector público y privado, así como incrementos en las transferencias a personas pobres. Ramos mencionó la importancia de ampliar el salario exento del impuesto sobre la renta, que actualmente está en 34,000 pesos y no se actualiza desde hace 10 años. Afirmó que estarán vigilantes para asegurar que el Gobierno cumpla con lo establecido y que las obras financiadas con las recaudaciones beneficien a la población.
En general, los representantes sindicales coincidieron en que la reforma fiscal propuesta por el gobierno es necesaria y beneficiosa para el país. Resaltaron la importancia de los aumentos salariales, la protección de los más vulnerables y la equidad en la distribución de la carga impositiva. Consideraron que las medidas propuestas podrían mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y la población en general, generando impactos positivos en la economía y el desarrollo nacional. En este sentido, manifestaron su compromiso de velar por la correcta aplicación de la reforma y asegurar que se cumplan los compromisos establecidos en el proyecto.
