El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, pidió al gobierno dominicano que tome medidas rápidas ante la situación en la que se encuentran los empleados de los comercios chinos cerrados en un operativo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA). Abreu manifestó que aún no tiene cifras sobre los trabajadores que han perdido su empleo debido al cierre de más de 10 tiendas en Santo Domingo y Santiago, en su mayoría de dueños asiáticos, por violar el Código Tributario al no emitir facturas con comprobante fiscal, no presentar soluciones fiscales y ocultar información en las declaraciones juradas.
Estos trabajadores se encuentran en un limbo, suspendidos temporalmente hasta que aclaren su situación con la DGII. Algunos están pidiendo liquidación, pero Abreu señaló que aún no corresponde ya que no se conoce el estatus de los establecimientos. En caso de que decidan declararse en bancarrota, los empleados podrían recibir una indemnización inferior a la regular y no se les aplicaría preaviso, lo que significaría menores ingresos para ellos. Abreu también destacó que la sociedad china en República Dominicana es muy trabajadora, pero a menudo deja de lado a sus empleados y prefiere contratar extranjeros ilegales para evitar cumplir con las leyes laborales.
El sindicalista expresó su apoyo al operativo de cierre de los comercios chinos que han evadido impuestos, afirmando que todo aquel que incumpla la ley debe ser castigado. Destacó que si en República Dominicana se evitaran las evasiones fiscales y se fiscalizara de manera eficiente, no sería necesario cargar a la clase media con más impuestos. Por otro lado, Abreu mencionó que algunos economistas sugieren que una reforma fiscal podría mejorar los servicios públicos y transformar los recursos estatales en beneficios tangibles para la población, señalando que en otros países, los comerciantes que evaden impuestos son llevados a la cárcel.
El operativo de cierre de los comercios chinos se llevó a cabo luego de una investigación que detectó prácticas ilegales como la emisión de facturas sin comprobante fiscal, la ocultación de información en declaraciones juradas y el reporte de ingresos por debajo de lo real. Las empresas asiáticas realizaron transacciones bancarias por valores superiores a los reportados y ocultaron información perjudicando al Estado dominicano. La DGII y la DGA llamaron a los comercios a regularizar su situación tributaria y afirmaron que su objetivo no es cerrar los establecimientos, sino que cumplan con las leyes. Por su parte, la Embajada de China en República Dominicana recordó a la comunidad china que deben respetar las leyes locales y destacó la contribución positiva de los negocios chinos a la sociedad dominicana.
Desde el 2018 no se realiza un levantamiento de información sobre los ciudadanos chinos en República Dominicana. Se estima que hay más de 30,000 chinos en el país dedicados al comercio formal e informal, principalmente en negocios de comida, tiendas, ferreterías y servicios. Las autoridades chinas piden que cuando se realicen operativos como este, se respeten los intereses legales y legítimos de los ciudadanos chinos. En general, el llamado de Abreu es a que se tomen medidas rápidas para resolver la situación de los trabajadores afectados por el cierre de los comercios chinos y a que se combata la evasión fiscal y la competencia desleal en el país.
