El contralor general de la República, Félix Santana García, ha advertido sobre la estricta aplicación de la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos en la República Dominicana. Se mencionó que diversas instituciones, como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la Cámara de Cuentas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras, estarán supervisando el cumplimiento de esta ley por parte de los funcionarios públicos.
Santana García es miembro de la Comisión para el Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, creada por el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona a través del Decreto 343-22 del 6 de julio de 2022. Este decreto también establece que la Contraloría General de la República no autorizará la inclusión en nómina pública de funcionarios del Poder Ejecutivo que no cumplan con el requisito de presentar la declaración jurada de patrimonio.
La comisión encargada de hacer cumplir el Decreto 343-22 está liderada por la titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, y tiene la facultad de recomendar al presidente la aplicación de sanciones contra aquellos funcionarios que violen la obligación de presentar declaraciones juradas. La normativa exige a los funcionarios presentar la lista de su patrimonio y el de su comunidad conyugal al entrar y salir de sus funciones, así como en otros momentos específicos.
Por otro lado, Santana García informó que actualmente se están llevando a cabo 90 auditorías, de las cuales 20 serán publicadas próximamente. Destacó que se está trabajando de manera continua para garantizar el correcto uso de los recursos del Estado y señaló que tanto los alcaldes salientes como los nuevos alcaldes han mostrado interés en que se realicen auditorías a sus gestiones para asegurar el saneamiento de las finanzas de los ayuntamientos.
El funcionario también habló acerca del lanzamiento de un programa de fortalecimiento de las capacidades de persecución de delitos, con énfasis en la criminalidad organizada, la corrupción administrativa y la violencia de género, impulsado por la Suprema Corte de Justicia. Resaltó la importancia de combatir la corrupción y la impunidad en el país y aseguró que la Contraloría General de la República seguirá trabajando para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.
En conclusión, la Contraloría General de la República de la República Dominicana está tomando medidas estrictas para garantizar el cumplimiento de la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos. Se están llevando a cabo auditorías para supervisar el uso de los recursos públicos y se está trabajando en el fortalecimiento de las capacidades de persecución de delitos como la corrupción y la criminalidad organizada. La transparencia y la rendición de cuentas en el sector público son aspectos fundamentales para promover la integridad en la gestión gubernamental.
