El Contralor General de la República, Félix Santana García, ha advertido que las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos serán muy estrictas con aquellos que violen dicho procedimiento legal. Estas instituciones incluyen la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la Cámara de Cuentas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el consultor jurídico del Palacio Nacional, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Administración Pública. Se ha establecido como plazo límite el 16 de agosto para que todos los funcionarios presenten su declaración jurada.
El Contralor General es parte de la Comisión para el Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, creada por el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona mediante el Decreto 343-22 del 6 de julio de 2022. Este decreto también instruye a la Contraloría General de la República a no permitir la inclusión en la nómina pública de los funcionarios del Poder Ejecutivo que no hayan cumplido con este requisito establecido en la Ley 311-14.
La comisión encargada de hacer cumplir el Decreto 343-22 es presidida por la titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, y tiene la autoridad de recomendar al presidente de la República la aplicación de sanciones previstas en la ley contra los funcionarios que no cumplan con la obligación de presentar declaraciones juradas de patrimonio. La norma obliga a los funcionarios a declarar su patrimonio y el de la comunidad conyugal al entrar y salir de sus funciones, así como después de ser reelegidos o al cesar en sus cargos.
Aquellos funcionarios públicos que no presenten la declaración de sus bienes incurren en faltas graves, sancionadas con la destitución del cargo según la ley de Función Pública. Además, Santana García informó que actualmente se encuentran en proceso 90 auditorías, de las cuales 20 serán publicadas próximamente. La Contraloría General de la República está enfocada en fiscalizar el buen uso de los recursos del Estado y ha recibido solicitudes de alcaldes antiguos y nuevos para realizar auditorías a la gestión de los ayuntamientos.
En cuanto a las auditorías para los alcaldes, se están llevando a cabo unas 15 en la actualidad. El Contralor General participó en el lanzamiento del programa de fortalecimiento de las capacidades de persecución de los principales delitos, con énfasis en la corrupción administrativa y la violencia de género, organizado por la Suprema Corte de Justicia. Esto muestra el compromiso de las autoridades dominicanas en combatir la corrupción y promover la transparencia en la gestión pública. Todo esto se enmarca en un esfuerzo conjunto por fortalecer las instituciones y garantizar la rendición de cuentas en el país.
