El senador por la provincia de Elías Piña, Yván Lorenzo, expresó su descontento el martes con los acuerdos realizados entre el Ministerio Público y personas implicadas en actos de corrupción, y criticó la intimidación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) hacia aquellos que se oponen a estos convenios. Considera que si la justicia dominicana rechaza las críticas de periodistas a estos acuerdos, también debería rechazar las críticas de funcionarios de Estados Unidos que cuestionan la efectividad de la lucha contra la corrupción en el país.
El senador manifestó su preocupación por la actitud del Ministerio Público, considerando que esta atenta contra la libertad de expresión en la nación. Propuso una resolución para interpelar a la procuradora general de la República, Mirian Germán, y exigir explicaciones sobre las presiones hacia la prensa. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por la mayoría de los senadores presentes en la sesión del Senado.
Lorenzo, miembro del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), recordó a los funcionarios del Gobierno que el ejercicio del poder es un proceso cíclico. Hizo hincapié en que el Ministerio Público posee el poder de realizar allanamientos y acciones que pueden implicar daños, y que el comportamiento electoral en el país sigue patrones cíclicos en los que un partido puede entrar y salir del poder.
En la población dominicana ha surgido un fuerte descontento con respecto a los acuerdos que permiten a personas involucradas en actos de corrupción devolver solo una parte mínima del dinero robado al Estado. Las críticas se centran en que estos acuerdos no se perciben como una verdadera justicia contra la corrupción, ya que no se está recuperando la totalidad de los fondos desviados y los culpables no enfrentan consecuencias graves por sus acciones.
El senador Lorenzo enfatizó la importancia de que el Ministerio Público no solo busque acallar a la prensa, sino también aceptar críticas y opiniones externas, como las provenientes de funcionarios estadounidenses que han cuestionado la efectividad de la lucha anticorrupción en el país. Considera que un diálogo abierto y transparente es fundamental para garantizar la democracia y el estado de derecho en la República Dominicana.
En medio de este debate sobre la lucha contra la corrupción y la libertad de expresión, la sociedad dominicana se enfrenta a la necesidad de exigir una verdadera rendición de cuentas y transparencia por parte de las autoridades. Los ciudadanos buscan que se aplique una justicia imparcial y efectiva que garantice que aquellos que cometen actos de corrupción sean debidamente castigados y que los recursos robados sean recuperados en su totalidad para beneficio de la sociedad.
