El Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley sobre compras y contrataciones. Esta normativa propuesta por Faride Raful busca establecer un régimen jurídico de contrataciones públicas y derogará la Ley 340-60 de 2006. La propuesta, compuesta por 247 artículos, fue aprobada con 17 votos a favor y cuatro en contra. Entre las prohibiciones de la ley se encuentra la de exfuncionarios gestionar o representar intereses privados ante la institución a la que prestaron servicios durante 12 meses, así como sanciones por falsedad en declaraciones juradas y violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones.
La ley establece que cada institución contratante deberá contar con un apartado en su portal institucional donde se agrupen informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, asegurando así la transparencia y acceso público a esta información. Asimismo, se permite a los proveedores subcontratar hasta un 30% del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley. El proyecto de ley debe ser aprobado en una segunda lectura antes de pasar a la Cámara de Diputados y luego al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Esta ley tiene como objetivo principal establecer un marco legal para las compras y contrataciones públicas, garantizando la transparencia, la igualdad de oportunidades para los proveedores y la eficiencia en la gestión de los recursos estatales. Al establecer prohibiciones y sanciones para aquellos que incumplan la normativa, se busca prevenir la corrupción y garantizar un proceso justo en la contratación de bienes, servicios, obras y concesiones por parte del Estado.
La propuesta de ley también busca promover la participación de los proveedores en los procesos de contratación pública, permitiendo la subcontratación parcial de las prestaciones requeridas. Esto facilita la diversificación de la oferta, promoviendo la competencia y la calidad en los servicios prestados al Estado. Además, al obligar a las instituciones contratantes a publicar información detallada sobre sus contratos y actividades contractuales, se fomenta la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público.
La aprobación de este proyecto de ley en primera lectura demuestra el compromiso del Senado con la mejora de la regulación de las compras y contrataciones públicas en el país. Con una amplia mayoría de votos a favor, se espera que la normativa contribuya a fortalecer las instituciones estatales y a garantizar la eficiencia en la gestión de recursos públicos. Una vez sea aprobada en una segunda lectura y promulgada por el Poder Ejecutivo, esta ley podría marcar un hito en la lucha contra la corrupción y la mejora de la transparencia en la administración pública en la República Dominicana.
