El coordinador nacional de Participación Ciudadana (PC), Erick Hernández Machado, propuso que en la reforma constitucional impulsada por el presidente Luis Abinader, sea el Consejo Nacional de la Magistratura quien designe al procurador general de la República. Además, sugirió que, tras la modificación constitucional, el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y la Escuela Nacional Penitenciaria pasen a formar parte del Ministerio de Justicia que se crearía.
En la propuesta de Hernández Machado, también se planteó que sea la Asamblea Constituyente quien establezca, en un articulado durante la modificación constitucional, que el aspecto de la reelección presidencial tal y como está no pueda ser cambiado. Asimismo, sugirió que la Dirección Nacional de Atención Integral de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) queden bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia.
Hernández Machado explicó que el objetivo del Poder Ejecutivo de introducir una modificación constitucional en relación al fortalecimiento del Ministerio Público a través del Procurador General de la República implica un cambio en la forma de designación, sugiriendo que sea el Consejo Nacional de la Magistratura quien se encargue de ello. Además, mencionó que ciertas unidades administrativas de la Procuraduría General de la República podrían estar bajo la dependencia del nuevo Ministerio de Justicia que se crearía.
En cuanto al tema de la reelección presidencial, Hernández Machado sugiere que el constituyente establezca que este aspecto sea una cláusula o articulado que no pueda ser modificado en la Constitución. Respecto al debate sobre la unificación de las elecciones, mencionó que la Constitución del 2010 mantuvo la separación de las elecciones, pero por un período de meses.
En relación con las propuestas de reforma constitucional impulsadas por el presidente Luis Abinader, se destaca su intención de lograr una total independencia del Ministerio Público, poner restricciones a la reelección presidencial, promover una reforma fiscal integral, así como en el ámbito de la seguridad social y otros sectores. Sin embargo, estas propuestas han encontrado resistencia en sectores de la oposición que consideran que existen otras prioridades en estos momentos.
