Erick Hernández Machado, coordinador nacional de Participación Ciudadana (PC), planteó la necesidad de que la reforma del Código Penal esté acompañada de medidas para combatir los abusos de autoridad, la corrupción, promover la transparencia y rendición de cuentas. La corrupción es un fenómeno que afecta a las sociedades en todo el mundo, debilitando la confianza en las instituciones, el desarrollo económico y los derechos de los ciudadanos.
Desde Participación Ciudadana, se apoya el proceso de aprobación de títulos dedicados a la proscripción de la corrupción, abusos de autoridad, falta de probidad, tráfico de influencia, recepción ilegal de beneficios por parte de funcionarios públicos, entre otros. La normativa sanciona la violación del principio de igualdad en concursos públicos y busca enfrentar la corrupción desde el ámbito legal, institucional y social para promover la transparencia, rendición de cuentas y ética en todos los niveles.
El Código Penal tipifica acciones consideradas como infracciones desde la administración pública, incluyendo malversación de fondos públicos. Para Hernández Machado, es fundamental que esta legislación vaya acompañada de medidas anticorrupción, acciones y políticas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción en diferentes ámbitos. Algunas medidas efectivas son la transparencia, fortalecimiento de instituciones públicas, ética y capacitación.
En la legislatura que vence el 26 de este mes, el Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de Código Penal, que establece 72 nuevos artículos que penalizan el sicariato, feminicidio, genocidio, bullying, sobornos públicos y judiciales, acoso, corrupción, entre otros. Sin embargo, la exclusión de las tres causales mediante las cuales el aborto sería legal activó diferencias entre legisladores, agrupaciones feministas, sectores del gobierno y las iglesias que se oponen al aborto y a los grupos LGBTQ.
