La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte impuso una garantía económica de un millón de pesos y presentación periódica como medida de coerción al vicecónsul dominicano en Haití acusado de violar a un menor de edad. Además, se dictó una orden de alejamiento a favor de la víctima y su madre, y se dispuso que el pago de la medida cautelar sea realizado a través de una compañía aseguradora. El abogado del imputado aseguró que no existen pruebas contundentes en su contra, mientras que el representante legal de la parte querellante afirmó que no está satisfecho con la medida impuesta y recurrirá en apelación.
El vicecónsul, quien estaba siendo buscado bajo una orden de arresto, supuestamente habría abusado del adolescente hace aproximadamente un mes en la comunidad de Mata Larga en San Francisco de Macorís. La información de la investigación en su contra fue confirmada por la procuradora fiscal, coordinadora de la Unidad de Violencia de Género, Delitos Sexuales e Intrafamiliar, Sandra Sierra Difó. Ante el escándalo de abuso sexual, la Cancillería informó que procedió a suspender al funcionario en sus funciones hasta que termine la investigación en su contra. El funcionario del servicio diplomático fue designado en el Consulado de Puerto Príncipe mediante un decreto emitido por el presidente de la República, Luis Abinader, en agosto de 2022.
El vicecónsul suspendido es oriundo de la comunidad Guiza en la localidad y figura en la nómina como empleado del gobierno central a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, con un sueldo de 103 mil pesos dominicanos. La noticia ha generado gran conmoción en la sociedad dominicana y ha puesto de manifiesto la gravedad de los delitos de abuso sexual infantil. La medida de coerción impuesta al acusado busca garantizar que cumpla con las disposiciones legales y que se proteja a la víctima y su familia. Se espera que el proceso judicial siga su curso y se haga justicia en este caso.
Es importante destacar que la violencia y el abuso contra menores de edad son delitos que deben ser condenados y castigados con la severidad que corresponde. La protección de los derechos de los niños y niñas es fundamental para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa. Las autoridades deben velar por la seguridad y el bienestar de los menores y tomar medidas efectivas para prevenir y combatir este tipo de situaciones. La sociedad en su conjunto debe rechazar y denunciar cualquier forma de abuso o violencia contra los niños y niñas.
La educación y la concientización son herramientas clave en la lucha contra el abuso sexual infantil. Es necesario promover la cultura de denuncia y brindar apoyo a las víctimas para que puedan superar el trauma y recibir la atención necesaria. Además, se debe trabajar en la prevención de estos delitos a través de programas y campañas que sensibilicen a la población sobre la importancia de proteger a los niños y niñas. La justicia debe actuar con celeridad y eficacia en casos de abuso sexual infantil para garantizar que los responsables sean llevados ante la ley y se haga justicia.
En este contexto, es fundamental que la sociedad en su conjunto se una en la defensa de los derechos de los niños y niñas, y en la lucha contra el abuso y la violencia infantil. Todos debemos ser responsables y estar atentos a cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los menores. El caso del vicecónsul acusado de abuso sexual a un menor de edad debe servir como ejemplo de la importancia de proteger a los niños y niñas y de actuar de manera contundente ante cualquier situación de violencia. Juntos, podemos lograr un cambio positivo en la sociedad y garantizar un futuro más seguro y justo para las generaciones venideras.
