El presidente Luis Abinader otorgó un plazo de 15 días a los funcionarios de su gobierno para presentar su declaración jurada de bienes, advirtiendo que aquellos que no lo hicieran serían suspendidos y posteriormente destituidos. Hasta el momento, 11 ministros en funciones y tres salientes han cumplido con esta obligación legal, según datos de la página web de la Cámara de Cuentas. La institución ha establecido que los 14 ministros confirmados en sus cargos no tienen la obligación legal de declarar nuevamente sus bienes, a excepción de dos ministros que decidieron hacerlo de todas formas.
Los ministros en sus declaraciones han reportado activos por un total de 1,217.7 millones de pesos y pasivos por 45.5 millones, lo que resulta en un patrimonio neto de 1,172 millones de pesos. La Ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio establece que los servidores públicos deben presentar su declaración un mes después de su designación y 30 días después de cesar en su cargo. Esto implica que los ministros que asumieron sus cargos el 16 de agosto tenían como plazo límite el 16 de septiembre para cumplir con esta obligación.
La Cámara de Cuentas ha señalado que aquellos funcionarios que no presenten su declaración jurada en el plazo establecido pueden ser suspendidos y eventualmente destituidos. Sin embargo, también han aclarado que aquellos ministros confirmados en sus puestos no están obligados a presentar una nueva declaración de bienes, a menos que existan cambios en su designación o nombramiento. Algunos ministros han decidido presentar su declaración voluntariamente, a pesar de no estar obligados legalmente a hacerlo.
La obligatoriedad de presentar la declaración jurada de bienes por parte de los funcionarios públicos busca garantizar la transparencia y evitar posibles conflictos de intereses. Esta medida es parte de los esfuerzos del gobierno de Abinader por combatir la corrupción y promover la integridad en la gestión pública. La Cámara de Cuentas es la institución encargada de supervisar y verificar que los funcionarios cumplan con esta obligación legal, y en caso de incumplimiento, tomar las medidas correspondientes.
En resumen, la declaración jurada de bienes es una obligación legal para los funcionarios públicos en República Dominicana, con el objetivo de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones. El presidente Abinader ha establecido plazos claros para que los ministros de su gobierno cumplan con esta obligación, advirtiendo que aquellos que no lo hagan enfrentarán consecuencias. Hasta el momento, la mayoría de los ministros han cumplido con esta disposición, aunque algunos han decidido presentar su declaración de manera voluntaria.
