El juicio de fondo del caso Coral-Coral 5G retoma su curso luego de que el Ministerio Público concluyera la lectura de la acusación la semana pasada, en la cual se estima que se desfalcó al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones. El principal imputado en este entramado de corrupción es el mayor general del Ejército, Adán Cáceres Silvestre. En esta nueva fase, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional escuchó las acusaciones por parte del Estado dominicano, querellantes y actores civiles.

Según la acusación presentada por el Ministerio Público, Adán Cáceres Silvestre habría dirigido un entramado de corrupción compuesto por 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, el cual desfalcó al Estado con más de 4,500 millones de pesos entre los años 2012 y 2020. Se señala que se sustrajeron fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). Entre los acusados se encuentran varias figuras de alto rango en la Fuerza Aérea Dominicana, la Policía y el Ejército Nacional.

El general de la Fuerza Aérea Dominicana Julio Camilo de los Santos Viola, el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza, y el mayor del Ejército Nacional Raúl Alejandro Girón Jiménez, son algunos de los acusados en este caso. Además, se mencionan nombres como el general Juan Carlos Torres Robiou, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz. Estos imputados enfrentan un juicio de fondo por corrupción y lavado de activos para enriquecerse.

Los acusados fueron enviados a juicio de fondo por decisión de la juez Yaninet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional. Entre los delitos que se les imputan se encuentra la distracción de fondos públicos, realizada a través de compras de raciones de alimentos, combustibles y el nombramiento de policías y militares a quienes se les pagaba menos del 30% de su salario, quedándose el resto en manos de la red. También se menciona la sustracción de fondos de inteligencia del Cusep y Cestur para beneficio de la red criminal.

La madre de uno de los acusados, Rosa Antonia Disla, también enfrenta acusaciones en este caso, aunque su situación de salud ha sido tomada en consideración. Se espera que el juicio de fondo continúe desarrollándose con la presentación de pruebas y testimonios que sustenten las acusaciones formuladas por el Ministerio Público. En caso de ser encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar consecuencias legales por sus presuntas acciones fraudulentas que habrían perjudicado al Estado dominicano durante varios años.

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