La acusación presentada ayer contra los imputados en el caso de la explosión ocurrida en una fábrica de plástico de San Cristóbal implica una posible condena de hasta 2 años de prisión y una multa de 25 a 100 pesos según el Código Penal Dominicano. En la acusación se les imputa homicidio involuntario, tipificado en el artículo 319 del Código Penal Dominicano, el cual establece que el responsable de cometer homicidio involuntario por torpeza, imprudencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos, puede recibir una pena de prisión correccional de tres meses a dos años y una multa.

La acusación contra los imputados por la explosión en la fábrica de plástico también se basa en violaciones a varios artículos de leyes dominicanas, incluyendo el artículo 153, numeral 2, de la Ley General de Salud 42-01, y varios artículos de la Ley 64-00 sobre Medioambiente y Recursos Naturales. La acusación fue presentada contra los propietarios de la fábrica de plástico y la empresa Vidal Plast SRL, donde ocurrió la explosión que causó el siniestro.

Según el Ministerio Público, los imputados fueron responsables de la explosión mortal debido a su torpeza, imprudencia y negligencia al no seguir los reglamentos para almacenar plásticos de manera segura, así como por no cumplir con las normativas de salud y medioambientales. El siniestro ocurrió el 14 de agosto de 2023 en San Cristóbal y se originó en la intersección de las calles Padre Ayala y Francisco J. Peynado. Los imputados habrían causado la explosión al no seguir las normas adecuadas.

En el expediente del caso se indica que cinco meses antes de la explosión, el 18 de marzo de 2023, se habían presentado señales de alerta en la fábrica cuando un trabajador sufrió quemaduras debido a una reacción química de denso humo e irritante calor provocados por una chispa que saltó hacia el área de almacenaje de plástico. Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos determinó que la causa de la explosión fue un químico utilizado en la industria de plástico y caucho, el Autofina-Luporox A 70S, el cual detonó y causó la tragedia en la fábrica.

La investigación del Ministerio Público determinó que la negligencia de los imputados al no seguir los reglamentos provocó la explosión mortal en la fábrica de plástico. La acusación presentada contra ellos busca responsabilizarlos por el homicidio involuntario y violaciones a diversas leyes dominicanas relacionadas con la salud y el medio ambiente. Ahora, el caso se encuentra en manos del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal para determinar la responsabilidad de los imputados en el trágico suceso que causó la pérdida de vidas humanas y daños materiales significativos.

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