Un proyecto de ley que se encuentra en el Senado sugiere que los médicos y clínicas del país que se nieguen a recibir pacientes sin seguro de salud en las salas de emergencia serían sancionados con multas y podrían perder su exequatur. La propuesta establece que todas las personas que sean ingresadas en estado de emergencia deben ser atendidas sin pago de depósitos previos y sin importar si tienen o no un seguro de salud. Durante las primeras 24 horas de atención, el paciente estaría exento de pagar por servicios médicos, medicamentos, radiografías y otros procedimientos.

De acuerdo con el documento legislativo presentado por el senador Cristóbal Venerado Castillo, los costos de la asistencia médica serían deducidos de los impuestos que el centro de salud o médico especialista pague en su declaración jurada. En caso de incumplimiento de la ley, se propone una multa para los centros médicos equivalentes a 50 salarios mínimos del sector público. Si un médico no cumple con las disposiciones, el Tribunal Disciplinario del Colegio Médico Dominicano podría recomendar la cancelación temporal o definitiva de su licencia.

El proyecto se sustenta en el Reglamento General de Hospitales de la República Dominicana, que establece la responsabilidad legal y ética de brindar atención a pacientes en emergencia. Además, el Código de Ética Médica del Colegio Médico Dominicano establece que los médicos no pueden desatender a sus pacientes en casos de peligro público. Se argumenta que cada vez más pacientes se quejan de la negativa de las clínicas para recibirlos en emergencia sin seguro médico, lo que ha provocado la muerte de personas que son rechazadas en las salas de emergencia.

La propuesta fue presentada en enero en el Senado y actualmente se encuentra bajo análisis en una comisión de legisladores. Se espera que, de ser aprobada, garantice la atención oportuna y sin costo para todos los pacientes que sean ingresados en estado de emergencia, independientemente de su condición económica o si cuentan con un seguro de salud. La iniciativa busca proteger los derechos de los pacientes y garantizar que reciban la atención médica necesaria en situaciones de emergencia, sin restricciones por falta de seguro médico o capacidad de pago.

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