El propietario del complejo de viviendas Parkchester Preservation Management fue multado con un millón de dólares por discriminación en el alquiler de viviendas y por no rentarles a inquilinos con vales de Sección 8 y de bajos ingresos. Además de pagar la multa, el dueño del complejo, que cuenta con más de 6 mil apartamentos, deberá reservar 850 de ellos para personas con vales de vivienda financiados por el gobierno, incluido el programa federal de Sección 8. Las leyes estatales y municipales de Nueva York prohíben a los propietarios negarse a aceptar inquilinos que utilicen ayuda del gobierno para pagar el alquiler, una práctica conocida como discriminación por fuente de ingresos.
El complejo Parkchester, ubicado en El Bronx, está compuesto por 171 edificios que albergan a más de 33,500 inquilinos de diversas etnias, siendo el 35,1 % afroamericanos, el 33,0 % hispanos, el 2,7 % blancos, el 25,4 % asiáticos, y el 3,8 % de otras etnias. La Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York y la organización sin fines de lucro Fair Housing Justice Center llegaron a un acuerdo con la empresa inmobiliaria después de una investigación de un año que descubrió la discriminación en materia de vivienda al impedir que inquilinos con subsidios de vivienda alquilaran más de 6,000 apartamentos en el desarrollo.
Como parte del acuerdo, Parkchester también pagará hasta $63,750 dólares en daños a los solicitantes a quienes se les negaron apartamentos, y pagará $150,000 al Centro de Justicia de Vivienda Justa, que inició la investigación en 2016. Además, acordó eliminar los requisitos de ingresos mínimos para los titulares de vales. El alcalde Eric Adams mencionó que este anuncio es una victoria para los neoyorquinos que buscan una vivienda segura y estable, y una advertencia para cualquier grupo que intente dañar a los inquilinos. El FHJC trabaja para eliminar la discriminación en la vivienda, promover políticas que fomenten comunidades abiertas e inclusivas, y fortalecer la aplicación de las leyes de vivienda justa.
La violencia y la discriminación de género en el sector público y en la vida política, son dos de los problemas que enfrenta la mujer en el mundo, según se concluye en una investigación realizada por la ONG Proyecto Amanecer. Ante el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el grupo realizó un estudio titulado: "Voces de las mujeres, un camino hacia la participación paritaria en la vida política". Según Miriam Mejía, vocera de la organización, la discriminación de género se vive a diario en cada una de las ciudades del país, afectando principalmente a las mujeres indígenas. Según el estudio, en Guatemala, el 60 % de mujeres que participaron en el sondeo, sufrieron discriminación de género dentro de la esfera pública.
Por otra parte, dos mujeres trans de nacionalidad hondureña, hablaron acerca de la discriminación y los obstáculos a los que se han enfrentado en su país. Además de la discriminación por parte de la sociedad, estas mujeres han tenido que luchar contra la burocracia y la falta de reconocimiento de sus derechos. A pesar de las dificultades, ambas mujeres siguen luchando por una mayor visibilidad y respeto por parte de la sociedad. En la actualidad, el colectivo LGTBQ+ en Honduras ha logrado avances significativos en la lucha por sus derechos, pero aún enfrenta desafíos importantes.
En el ámbito laboral, las mujeres suelen enfrentarse a la discriminación de género y a la brecha salarial en muchos países. Un informe de la ONU reveló que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado estas desigualdades, con un aumento en el desempleo femenino y en la carga de trabajo no remunerado. Además, las mujeres se han visto afectadas de manera desproporcionada en sectores como la salud, la educación y el comercio minorista. Es fundamental que se tomen medidas para abordar estas desigualdades y garantizar la igualdad de género en el ámbito laboral.
