La República Dominicana ha regresado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar la situación en Haití, pidiendo más sanciones para los financiadores de la violencia y un mayor control en el embargo de armas. El país ha reiterado su apoyo a Haití, pero también ha destacado que no puede sobrepasar sus capacidades materiales para ayudar a su vecino. El canciller dominicano, Roberto Álvarez, mencionó las evacuaciones realizadas a través del territorio dominicano como parte de la colaboración en medio del caos e inseguridad en Haití.
En la reunión informativa, Álvarez expresó su preocupación por la falta de sanciones a los responsables financieros de la violencia en Haití, señalando que esto podría poner en riesgo el proceso político en la nación vecina. El canciller dominicano también aplaudió la creación del Consejo Presidencial de Transición en Haití, indicando que esto podría ser un paso positivo hacia la estabilidad en el país. Insistió en la importancia de designar un primer ministro interino y un gabinete de gobierno a la brevedad posible.
En cuanto al embargo de armas, Álvarez instó a los países exportadores a tomar medidas rigurosas para detener el tráfico ilegal de armamento hacia Haití, que según él está contribuyendo a la crisis en el país vecino. Además, el canciller reafirmó la postura de República Dominicana de continuar con las deportaciones de haitianos que ingresen al país ilegalmente, señalando que no tienen la capacidad de acoger a todos los que llegan diariamente.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha denunciado la expulsión masiva de haitianos y personas de ascendencia haitiana desde República Dominicana. Se señala que el cierre de la frontera dominico-haitiana en septiembre, junto con la suspensión de documentos y permisos de residencia para migrantes haitianos, han puesto en mayor vulnerabilidad a estas poblaciones. El gobierno dominicano ha defendido su postura argumentando que no pueden aceptar el ingreso continuo e incontrolado de haitianos.
Álvarez también ha descartado la posibilidad de abrir campos de refugiados en República Dominicana, alegando que no es viable dada la situación actual. El canciller ha señalado que su país actúa como un 'imán' para los haitianos debido a su economía superior, pero que no pueden permitir un flujo migratorio descontrolado. La vida media de un campo de refugiados en el mundo es de 10 a 15 años, por lo que considera que esta no es una solución a largo plazo para la situación migratoria.
En resumen, la República Dominicana ha reiterado su compromiso de apoyar a Haití, pero también ha dejado claro que sus recursos son limitados y que no tolerarán medidas que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de su propio país. El gobierno dominicano seguirá presionando por sanciones más estrictas y un control más riguroso en el tráfico de armas hacia Haití, al tiempo que continuará con las deportaciones de haitianos que ingresen ilegalmente.
