La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional levantó el arresto domiciliario e impedimento de salida contra Javier Alejandro Forteza Ibarra, ex encargado de Informática de la Procuraduría General de la República en el caso Medusa. Esto se debió a un recurso de apelación presentado por el acusado a través de su abogada Marisol García, manteniendo solamente la medida de coerción de presentación periódica y el pago de una garantía económica.
Javier Alejandro vio su situación modificada en febrero de 2023, cuando la prisión preventiva que cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres en San Cristóbal fue cambiada por arresto domiciliario, una garantía económica de 20 millones de pesos a través de una compañía aseguradora, y el impedimento de salida del país. El Ministerio Público lo acusó de utilizar su cargo como director de Tecnología del MP para estafar al Estado dominicano y sobornar a servidores públicos y entidades financieras.
En la acusación, el Ministerio Público imputó a Fortaleza Ibarra, junto a otras 41 personas físicas y 22 empresas, de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. Se les acusa también de sobornos, crímenes y delitos relacionados con alta tecnología y lavado de activos. Además de Forteza Ibarra, el órgano persecutor también acusa a Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del MP, a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo, a Jenny Marte Peña, ex encargada de Proyectos, a Altagracia Guillén Calzado, ex subdirectora administrativa, a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y a Miguel José Moya, ex asesor.
Esta situación legal se enmarca dentro de un entramado de corrupción en el que se ven involucrados altos cargos de la Procuraduría General de la República y otras entidades. A través de sobornos, estafas y otros delitos, se habría perjudicado al Estado dominicano. La acusación del Ministerio Público busca llevar a cabo un juicio justo y lograr la condena de los implicados en estas prácticas ilegales. El levantamiento del arresto domiciliario de Forteza Ibarra es un paso en este proceso legal que busca esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
