Un grupo de 11 países, incluyendo República Dominicana y Estados Unidos, rechazó el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que indica haber concluido una supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio y que pretende convalidar los resultados de esos comicios. Estos países consideran que el TSJ de Venezuela pretende validar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral y expresaron su preocupación por la falta de independencia e imparcialidad tanto del Consejo Nacional Electoral como del TSJ. Los gobiernos firmantes del comunicado incluyen a Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Estos países ya habían manifestado el desconocimiento de la validez de la declaración del CNE, luego de que se impidió acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas. Los países reiteraron que solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela. Continuarán insistiendo en el respeto a la expresión soberana del pueblo venezolano que se pronunció de manera pacífica y contundente el pasado 28 de julio.

Los gobiernos de estas naciones también expresaron su profunda preocupación y rechazo por las violaciones a los derechos humanos perpetradas contra los ciudadanos que pacíficamente reclaman el respeto al voto de la ciudadanía y el restablecimiento de la democracia. El TSJ de Venezuela, controlado por magistrados afines al chavismo, confirmó los resultados oficiales de las elecciones que dieron la victoria a Nicolás Maduro, señalada de fraudulenta dentro y fuera del país. La presidenta del TSJ, la chavista Caryslia Rodríguez, lideró el peritaje judicial del resultado y declaró la validez de los resultados electorales.

La sentencia del TSJ convalida los resultados de la elección presidencial del 28 emitidos por el CNE y concluye de manera "inequívoca e irrestricta" la revisión de las elecciones, 22 días después de que Maduro solicitara este proceso a través de un recurso de amparo que nunca se conoció. Este anuncio ha sido criticado por diversos sectores dentro y fuera de Venezuela, que cuestionan la transparencia y legitimidad de las elecciones. Los países firmantes del comunicado conjunto reafirman su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela y seguirán presionando por una auditoría imparcial e independiente de los resultados electorales.

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