Los países de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, como Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, han condenado la decisión del gobierno de Nicaragua de despojar de la nacionalidad y otros derechos a los 135 presos políticos que lograron salir del país y están en Guatemala, mediados por Estados Unidos. La Alianza menciona el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece el derecho a la nacionalidad y la prohibición de privar a las personas de ella de manera arbitraria. Hacen un llamado a Nicaragua para que restablezca los derechos de sus ciudadanos y denuncian que a los presos políticos también se les confiscaron sus bienes, lo que consideran una medida injusta por parte del gobierno de Ortega y Murillo.
Las agencias internacionales informan que el gobierno de Ortega en Nicaragua ha endurecido la legislación y la represión desde las protestas opositoras de 2018. Durante esos eventos, más de 300 personas perdieron la vida en solo tres meses, según la ONU, y miles de nicaragüenses han debido exiliarse. Asimismo, se han cerrado alrededor de 5,500 organizaciones no gubernamentales y se han confiscado sus bienes. La decisión de despojar a los presos políticos de la nacionalidad y confiscar sus bienes es vista como parte de una estrategia de represión por parte del gobierno nicaragüense, que ha sido señalado de actuar en beneficio del presidente Ortega y su esposa Rosario Murillo.
La Alianza para el Desarrollo en Democracia ha manifestado su rechazo a las acciones tomadas por el gobierno de Nicaragua, considerándolas arbitrarias e ilegales. Estos países miembros, como Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, instan a Nicaragua a respetar los derechos de sus ciudadanos y a revertir las medidas tomadas contra los presos políticos. Esta alianza enfatiza la importancia de proteger los derechos humanos y el respeto a la nacionalidad de todas las personas, tal como lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La situación en Nicaragua ha sido objeto de preocupación para la comunidad internacional, especialmente en lo que respecta a la violación de los derechos humanos y las acciones represivas contra la oposición política. La persecución de disidentes políticos y la confiscación de bienes de personas que se oponen al gobierno de Ortega y Murillo han generado críticas y condenas por parte de diversos países y organizaciones que defienden los derechos humanos. La represión y la violencia han dejado un saldo de muertos, exiliados y perseguidos, lo que ha llevado a una crisis política y social en Nicaragua que preocupa a la comunidad internacional.
Los países miembros de la Alianza para el Desarrollo en Democracia han mostrado una postura firme en defensa de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua. Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, entre otros, se han unido para condenar las acciones del gobierno de Ortega y Murillo y para exigir el respeto a los derechos de los presos políticos y de todos los ciudadanos nicaragüenses. La presión internacional y las denuncias públicas buscan generar conciencia sobre la situación en Nicaragua y promover cambios que garanticen el respeto a los derechos fundamentales de las personas en el país centroamericano.
En medio de la crisis política y social en Nicaragua, la solidaridad internacional y las acciones coordinadas de países como Costa Rica, Ecuador y República Dominicana son fundamentales para apoyar a la población nicaragüense y para exigir al gobierno de ese país que respete los derechos humanos y la democracia. La represión, la violencia y la persecución política no pueden ser toleradas en un estado democrático, y es responsabilidad de la comunidad internacional hacer frente a estas violaciones de derechos humanos. La defensa de la democracia y los derechos humanos debe ser una prioridad para todos los países que buscan un mundo justo y equitativo para todas las personas.
