El Poder Ejecutivo está preparando una reforma tributaria con el objetivo de aumentar las recaudaciones en un 1.5-1.7% del PIB, alrededor de 110,000 millones de pesos al año. Se cree que un aumento mayor podría afectar la economía y el crecimiento futuro, así como provocar tensiones sociales. Sin un aumento en las recaudaciones fiscales, se dificultaría el gasto en infraestructuras y servicios públicos necesarios para un crecimiento sostenido.
Parte de la reforma fiscal incluye modernizar la administración tributaria, ampliar la base impositiva y reducir la informalidad. Se busca simplificar el régimen tributario, aumentar la eficiencia y la equidad, y racionalizar los incentivos y exenciones fiscales que actualmente representan el 4.6% del PIB. Se espera que las empresas y contribuyentes con el mismo beneficio neto paguen impuestos iguales, garantizando un trato impositivo equitativo.
La erosión de la base tributaria es una preocupación clave para las autoridades, con una evasión fiscal del 45% en el impuesto sobre transferencias de bienes y un 56% en la carga sobre las rentas. Se espera que la reforma afecte al Estado, al sector productivo y a los hogares, abarcando tanto el gasto como los impuestos y su recaudación. La reforma también busca abordar la deuda pública del país, que representa el 56.6% del PIB.
Los ingresos adicionales se destinarán a financiar proyectos como seguridad ciudadana, transporte, salud y agua y saneamiento sanitario, con montos específicos asignados a cada área. Se prevé destinar fondos a la recapitalización del Banco Central y al sector eléctrico. Ante la baja recaudación y alta evasión fiscal, se preparan medidas punitivas y revisiones de los incentivos y exenciones del Itbis como parte de la reforma tributaria.
En resumen, la reforma tributaria propuesta por el gobierno tiene como objetivo aumentar las recaudaciones fiscales para financiar proyectos clave, mejorar la equidad impositiva y combatir la evasión fiscal. Se espera que la modernización de la administración tributaria y la racionalización de los incentivos fiscales contribuyan a una mayor eficiencia y equidad en el sistema tributario. La reforma también busca abordar la deuda pública del país y financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos necesarios para un crecimiento sostenido.
