Los miembros de las centrales sindicales han solicitado a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que no se aumenten impuestos a los alimentos de la canasta familiar, al mismo tiempo que piden mejoras salariales para los empleados del sector público. Rafael "Pepe" Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), ha expresado que los alimentos y las bebidas no alcohólicas no deben ser gravados, ya que representan el 80% de los ingresos de la clase trabajadora y gravarlos reduciría la capacidad adquisitiva. Abreu también ha pedido que el aumento salarial mínimo del sector público se extienda a aquellos que ganan hasta 30 mil pesos, incluyendo a pensionados y jubilados en esa categoría.
Además, Abreu ha solicitado la aplicación de la indexación salarial, paralizada desde 2017. En su opinión, ignorar estas recomendaciones podría generar inestabilidad social en la República Dominicana. En la misma línea, la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) también ha expresado su preocupación por el proyecto de reforma tributaria, ya que podría afectar la instalación de nuevos parques industriales. El vicepresidente ejecutivo, José Manuel Torres, ha señalado que es importante mantener un marco legal favorable para el sector de zonas francas, que alberga 860 empresas, el 85% de ellas de capital extranjero, generando alrededor de 200 mil empleos formales directos.
Otra entidad que ha manifestado preocupación por el aumento de costos con la reforma fiscal es la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo). Su presidente, Karel Castillo, ha señalado que si todos los costos aumentan, será difícil competir con otros países. La Comisión de Hacienda realizará una vista pública en la que la población podrá exponer sus puntos de vista sobre la reforma fiscal, que el Gobierno espera que genere una recaudación de unos RD$122,000 millones. En este contexto, es importante encontrar un equilibrio entre la necesidad de recaudación y el impacto que pueda tener en sectores clave de la economía como el de las zonas francas y las exportaciones.
En este escenario, es fundamental buscar medidas que impulsen la inversión y la competitividad en el país, sin afectar la capacidad adquisitiva de la población ni la estabilidad de sectores clave como el de las zonas francas. La propuesta de reforma fiscal debe tener en cuenta las necesidades y preocupaciones de diferentes sectores de la sociedad para lograr un equilibrio que permita impulsar el crecimiento económico de manera sostenible. La participación de la población en la discusión de esta reforma es fundamental para garantizar que se tomen decisiones informadas y que se busque el beneficio común en un contexto de cambio y transformación económica.
