Entre 2020 y 2024, el número de municipios en la República Dominicana clasificados como "desiertos bancarios" – áreas sin sucursales, cajeros automáticos o subagentes bancarios, disminuyó de once a solo uno, según el estudio Desiertos Bancarios publicado por la Superintendencia de Bancos (SB).
El estudio destaca que la expansión de puntos de acceso bancario (PAB) en 2023 se alinea con una tendencia de nueve años, reduciendo los desiertos bancarios de 20 en 2015 a solo dos para fines de 2023.
Según el informe, Los Cacaos en San Cristóbal es ahora la única área en el país donde los residentes deben viajar a otro distrito para acceder a servicios bancarios.
En 2023, además de Los Cacaos, el municipio de Cristóbal en la provincia de Independencia también era un desierto bancario. Sin embargo, en el primer trimestre de 2024, Banco del Reserva abrió el primer PAB en Cristóbal, eliminando su estado de desierto bancario.
De 2015 a 2023, la población estimada sin acceso a PAB disminuyó drásticamente de 128,906 a solo 12,789 personas, lo que representa una reducción del 90%.
Para fines de 2023, los cajeros automáticos fueron el punto de acceso bancario más prevalente en todo el país, con 3,528 cajeros automáticos (48.4% del total), seguidos por 2,070 subagentes bancarios (28.4%) y 1,692 sucursales (23.2%), sumando un total de 7,290 PAB.
Desglose Regional
El informe de la SB, que ha estado monitoreando distritos con acceso limitado a PAB desde 2015, muestra que la región sur tradicionalmente ha tenido más desiertos bancarios. En contraste, las regiones este y norte han visto disminuir su número de desiertos bancarios a cero para 2021 y 2023, respectivamente.
El área metropolitana, que comprende la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, ha mantenido PAB en todos los municipios desde 2015, año base del informe.
En 2023, el Gran Santo Domingo tenía 3,068 PAB, el Cibao tenía 2,322, la región este tenía 1,050 y la región sur tenía 850.
Informe y Objetivos Estratégicos
El análisis de la SB respalda el objetivo estratégico 2.4 de la Política Nacional de Inclusión Financiera, que enfatiza la importancia de determinar la disponibilidad y acceso a servicios financieros en todo el país y establece como objetivo mejorar el alcance a través de establecimientos locales.
En países en desarrollo y algunas zonas rurales, los desiertos bancarios siguen siendo comunes, lo que dificulta que las personas accedan a servicios financieros esenciales como cuentas de ahorro, préstamos y asesoramiento financiero. Esta situación a menudo obliga a la población a depender del sector informal, lo que puede conllevar costos más altos y mayores riesgos en cuanto a garantías y protección del usuario.
