Los cabecillas de la red criminal, responsables de estafar a ancianos residentes en Estados Unidos, llevaban un estilo de vida lujoso similar al de los narcotraficantes. Habían adquirido centros de diversión y otros negocios con los fondos de la estafa, que ascienden a más de 300 millones de dólares y afectaron al menos a 100 ancianos, muchos de ellos de más de 90 años. Según el Ministerio Público, los miembros de la red frecuentaban bares donde las bebidas eran servidas con velas como "candilejas", mostrando una imagen de riqueza y opulencia.

La estructura de crimen organizado internacional, que operaba desde el año 2016, utilizaba call centers o centros de llamadas para llevar a cabo sus estafas. Por medio de llamadas telefónicas realizadas desde computadoras con un sistema sofisticado conectado a internet utilizando un software de código abierto llamado "VICIdial", los estafadores se comunicaban con las víctimas, haciéndose pasar por abogados y pidiendo dinero para pagar la fianza de un supuesto familiar que había infringido la ley.

Debido a la gran cantidad de denuncias de víctimas en diferentes estados de Estados Unidos, la agencia Homeland Security Investigation (HSI) inició una investigación exhaustiva, que incluyó inteligencia, entrevistas, seguimientos y arrestos. Se logró identificar que los centros desde los cuales se realizaban las llamadas a las víctimas, hasta el cierre con un falso abogado, se encontraban en la República Dominicana, específicamente en la provincia de Santiago de los Caballeros. Desde allí, se dirigían a los colaboradores o asociados que operaban en Estados Unidos.

Once dominicanos acusados de dirigir desde su país una red de estafas contra ancianos estadounidenses enfrentarían una pena máxima de 20 años por cada uno de los 19 cargos presentados en su contra por el Departamento de Justicia en una corte de Nueva Jersey. La investigación realizada por la agencia HSI permitió identificar y detener a los reclutadores, recogedores y transportadores de dinero que operaban en territorio estadounidense, mientras que los líderes de la red estaban en la República Dominicana coordinando las acciones de estafa.

Los estafadores utilizaban un modus operandi que consistía en engañar a las víctimas, haciéndoles creer que un familiar había cometido un delito y necesitaba ayuda para pagar la fianza. A través de llamadas telefónicas realizadas desde computadoras y utilizando un software especializado, los estafadores se comunicaban con los ancianos, haciéndose pasar por abogados y solicitando el envío de dinero. La red logró obtener más de 300 millones de dólares a través de esta estafa, afectando a una gran cantidad de personas de avanzada edad.

La agencia HSI llevó a cabo una investigación exhaustiva que permitió desmantelar la red de estafadores que operaba desde la República Dominicana, logrando identificar a los responsables y detener a los implicados en Estados Unidos. Los acusados enfrentarían graves consecuencias legales por sus acciones, que resultaron en pérdidas millonarias para las víctimas de la estafa. Gracias a la labor de las autoridades y la cooperación internacional, se logró poner fin a esta red criminal y llevar a los responsables ante la justicia.

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