Rafael Burgos Gómez, director general de Bienes Nacionales y ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), reveló que al asumir el cargo se encontró con una nómina de 3,700 empleados, de los cuales solo el 23% trabajaba de manera efectiva, asistiendo solo dos días a la semana. Esta situación generaba problemas económicos para la institución a lo largo de 16 años, por lo que se inició un proceso de desvinculación de empleados. Hasta la fecha, se han desvinculado 2,580 empleados del CEA, se han pensionado a 130 empleados y se han trasladado a 243 empleados a la Dirección General de Bienes Nacionales. Se espera que 171 empleados más sean transferidos en el futuro. Burgos destacó que el proceso de desvinculación fue riguroso y reveló irregularidades, como empleados que cobraban múltiples salarios y otras prácticas poco éticas en la institución.
El proceso de fusión entre el CEA y la Dirección General de Bienes Nacionales se encuentra en un 92% de avance y se espera que culmine en tres meses. En cuanto a las demandas laborales interpuestas por 79 empleados del CEA, se les pagará sus prestaciones una vez que los tribunales emitan una decisión al respecto. Por otro lado, Burgos hizo hincapié en que no se han vendido terrenos estatales y que se han tomado acciones legales contra personas que han invadido propiedades del Estado, violando el derecho de propiedad privada. Hasta el momento, se han intervenido 271 propiedades estatales, equivalentes a 24,880.57 tareas de tierra a nivel nacional.
En cuanto a las propiedades recuperadas, algunas serán destinadas al Ingenio Porvenir para la siembra de caña, mientras que otros terrenos se transferirán a un fideicomiso para el desarrollo de infraestructuras por parte del Estado. Se han tomado medidas legales contra personas que han invadido, quemado campos de caña y falsificado títulos de propiedad. El objetivo es garantizar el respeto al derecho de propiedad y recuperar los terrenos del Estado de manera legal y transparente.
El proceso de desvinculación de empleados del CEA ha permitido aliviar la carga económica de la institución y reorganizar sus recursos de manera más eficiente. Se han pagado las prestaciones laborales correspondientes a los empleados desvinculados y se ha reubicado a aquellos que fueron trasladados a la Dirección General de Bienes Nacionales. El proceso de fusión entre ambas entidades está en marcha y se espera que culmine en tres meses. Se han tomado acciones legales contra personas que han invadido terrenos estatales y se han recuperado propiedades del Estado para destinarlas a proyectos de desarrollo.
En resumen, la gestión de Rafael Burgos al frente del CEA y la Dirección General de Bienes Nacionales ha estado enfocada en reorganizar la institución, eliminar empleados innecesarios y recuperar terrenos estatales invadidos. Se han tomado medidas rigurosas para garantizar la transparencia y la legalidad en todos los procesos, incluyendo la desvinculación de empleados, el pago de prestaciones laborales y la recuperación de propiedades. El objetivo es fortalecer estas entidades y contribuir al desarrollo sostenible del país, respetando siempre el derecho de propiedad y cumpliendo con las normativas vigentes.