Según datos obtenidos por El Nacional, aproximadamente 180 mil exfuncionarios dominicanos tienen impedimento de salida del territorio nacional, como resultado de presuntas violaciones a leyes relacionadas con delitos como lavado de activos, tráfico de drogas, corrupción administrativa, asociación de malhechores y trata de personas. Este grupo incluye tanto altos oficiales activos y retirados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como políticos, jueces y funcionarios judiciales acusados de cometer faltas graves para favorecer a narcotraficantes y otros criminales internacionales.
La medida coercitiva también se aplica a personas que han quebrantado las leyes dominicanas y afectan a otras naciones, especialmente a Estados Unidos. Entre los más afectados por el impedimento de salida se encuentran los implicados en escándalos de corrupción administrativa, incluyendo exfuncionarios civiles, militares y policiales en casos como Coral, Coral 5G, Anti Pulpo, Medusa, Calamar y otros que están siendo investigados por la justicia. Además, personas vinculadas a casos de desfalco, fraudes bancarios y financieros, estafas, crímenes, accidentes de tránsito, litigios por posesión de bienes, manutención de hijos, violencia de género y otros delitos.
A pesar de que muchos de los casos, como accidentes de tránsito y litigios por posesión de bienes, han prescrito, los impedimentos de salida siguen vigentes. Estos impedimentos son colocados por la Procuraduría General de la República a solicitud y sentencia de tribunales y jueces, y se aplican a través de la Dirección General de Migración en los diferentes aeropuertos y puertos nacionales. La fuente de información, vinculada al Aeropuerto Internacional de Las Américas, señala que la cifra total de dominicanos con sanciones por violar leyes relacionadas con el crimen organizado supera los 500 mil.
En resumen, se estima que más de 180 mil exfuncionarios dominicanos, así como altos oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, políticos, jueces y otros funcionarios relacionados con la justicia, tienen impedimento de salida del territorio nacional por presunta violación de leyes relacionadas con el crimen organizado. Esta medida también afecta a personas que han quebrantado las leyes dominicanas y otras naciones, especialmente Estados Unidos. Los casos de corrupción administrativa y otros delitos graves son los más comunes entre los sancionados, a pesar de que algunos de los impedimentos vigentes ya han prescrito. Los impedimentos son impuestos por la Procuraduría General de la República, a petición de tribunales y jueces, y son aplicados por la Dirección General de Migración en los diferentes puntos de entrada y salida del país.
