En República Dominicana, expertos juristas han expresado su preocupación por la falta de un mecanismo efectivo para proteger a quienes denuncian actos de corrupción de los que son testigos. Tanto Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, como Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional, han señalado que muchas personas tienen conocimiento de irregularidades en la administración pública pero por miedo no se atreven a denunciar. Ambos abogados consideran que los órganos de control y persecución de la corrupción deben ser más proactivos para depender menos de los ciudadanos denunciantes.
En el sistema judicial del país, los testigos y víctimas son considerados los grandes olvidados, según lo expresado por Ray Guevara. A pesar de que la Constitución establece la asistencia legal gratuita para proteger los derechos de la víctima, la falta de un sistema eficaz de protección para denunciantes de corrupción es evidente. Los expertos destacan la importancia de establecer un sistema de protección similar al utilizado en EE. UU., donde los testigos pueden recibir incluso un cambio de identidad si es necesario para su seguridad.
El Estado dominicano se comprometió a crear mecanismos de protección para las personas que denuncien corrupción en las Convenciones de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra la Corrupción. Sin embargo, hasta la fecha, estos sistemas no han sido implementados, dejando un vacío legal en la protección de denunciantes. Un proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional en 2022 buscaba llenar este vacío, pero no llegó a discutirse en la cámara legislativa.
El proyecto de ley presentado por el entonces diputado Juan Julio Campos establecía mecanismos de protección para funcionarios y servidores públicos que colaboraran con la detección y juzgamiento de actos de corrupción. Sin embargo, la iniciativa no avanzó en el Congreso y quedó en el olvido. Otras propuestas legislativas, como la elaboración de un anteproyecto de ley por parte de la Directora General de Ética e Integridad Gubernamental y un proyecto redactado en 2011 por el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, también se han desvanecido.
En medio de la falta de protección para los denunciantes de corrupción en República Dominicana, expertos y autoridades hacen un llamado a establecer mecanismos efectivos que garanticen la seguridad y la integridad de quienes decidan reportar actos irregulares en la administración pública. La colaboración de la sociedad civil, el fortalecimiento de los órganos de control y persecución de la corrupción, y la implementación de leyes específicas de protección son algunas de las medidas necesarias para combatir la impunidad y promover la transparencia en el país.
