En el contexto de la discusión sobre una posible reforma al Código de Trabajo en la República Dominicana, diversos organismos internacionales han realizado propuestas de políticas públicas que promuevan el crecimiento económico, la generación de empleos de calidad, la formalidad laboral y la protección de los derechos de los trabajadores. La evaluación realizada por la misión del Fondo Monetario Internacional en julio de este año destacó la importancia de la reforma laboral como crucial para apoyar un crecimiento inclusivo y resiliente en el país. Otras entidades multilaterales han sugerido la implementación de medidas como empleos con horarios flexibles, trabajos digitales y la creación de un Fondo de Auxilio en reemplazo del actual mecanismo de cesantía.
La falta de empleos de calidad y la alta informalidad representan un desafío para el mercado laboral dominicano, problema que se ha agravado con la pandemia del covid-19. El Banco Interamericano de Desarrollo ha propuesto la necesidad de fortalecer el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social para corregir las distorsiones en el mercado laboral y promover la formalización laboral, la seguridad social y una mayor equidad de género en el acceso al empleo. Además, sugiere la implementación de políticas que fomenten la formalización, el fortalecimiento de la seguridad social y la reducción de las brechas de género y de habilidades.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) también aboga por políticas públicas que incentiven mayores oportunidades laborales a través del mundo digital y que aborden las desigualdades en el mercado laboral, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas. Por su parte, el Banco Mundial enfatiza la importancia de ajustes estructurales orientados a liberar el potencial de capital humano, fomentar mercados competitivos, renovar la estrategia de innovación, reducir las ineficiencias del gasto público y fortalecer la resiliencia frente a choques externos.
Una de las propuestas concretas que se han planteado es la creación de un Fondo General de Auxilio de Cesantía en reemplazo del actual mecanismo de cesantía establecido en la Ley 16-92. Esta alternativa garantizaría financiamiento para todos los trabajadores, evitando discriminaciones y costos asociados a la judicialización de los casos. Asimismo, se promueve la mejora de las condiciones laborales para las trabajadoras domésticas, armonizando la legislación dominicana con el Convenio 189 de la OIT y garantizando sus derechos laborales.
En conclusión, la discusión en torno a la reforma laboral en la República Dominicana ha movilizado a diversos organismos internacionales a realizar propuestas de políticas públicas que contribuyan a fortalecer el mercado laboral, promover la formalización laboral, reducir la informalidad, garantizar la seguridad social y proteger los derechos de los trabajadores. La implementación de medidas como la creación de jornadas laborales flexibles, la promoción de la formación en habilidades digitales y la creación de un Fondo de Auxilio de Cesantía son algunas de las recomendaciones planteadas para enfrentar los desafíos actuales y promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible en el país.
