Varios expertos ambientalistas han afirmado que para llevar a cabo cualquier proyecto minero en la República Dominicana, como es el caso de la cantera en el distrito municipal de El Cachón, provincia de Barahona, se requiere de un permiso social ambiental, el cual es otorgado por la comunidad y está contemplado en la ley. Luis Carvajal, director de la Comisión Ambiental de la UASD; Fernando Peña, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD; y Maritza Ruiz, investigadora de la industria extractiva, coinciden en esta opinión. Carvajal, también miembro de la Academia de Ciencias, considera que en el proyecto de El Cachón aún no se ha concedido un permiso y cualquier extracción que se esté llevando a cabo es irregular y constituye una violación que necesita la intervención de las autoridades.
Carvajal mencionó que la comunidad ya ha comenzado a manifestarse, y por lo tanto, es casi imposible que un proyecto minero en la zona o en cualquier otro lugar pueda obtener el permiso de una sociedad que ya ha expresado su opinión en contra. Peña destacó que lo que está ocurriendo en El Cachón es un ejemplo de lo que sucede en ciertas áreas del país en cuanto al tema minero. Señaló que el problema principal es la forma irraccional en que el Gobierno aborda la industria minera, tanto metálica como no metálica. Según Peña, en estos proyectos mineros no se realizan consultas como lo dicta la ley, sino que las simulan y hacen que los beneficiarios de las iniciativas mineras realicen las consultas y las validen.
Por otro lado, Maritza Ruiz lamentó que las autoridades no escuchen a las comunidades ni cumplan con su función de supervisión. Mencionó que la supervisión del Gobierno sigue la línea de las mineras, ya que se prioriza el pago de estas mineras para financiar el presupuesto público. Carvajal explicó que los reglamentos de evaluación ambiental establecen dos momentos de contacto con la población: uno en la fase inicial del proyecto, donde las empresas deben presentar a la comunidad el proyecto con sus pros y contras, y otro en el estudio de impacto ambiental, donde se debe realizar una consulta pública a la comunidad que puede aprobarlo o rechazarlo.
Los tres expertos ambientalistas hicieron un llamado a las autoridades para que cumplan con su rol de supervisores de las empresas mineras y hagan cumplir lo establecido por las leyes nacionales, especialmente en lo que respecta a la obligatoriedad de la consulta social al pueblo antes de iniciar cualquier proyecto. Solicitaron a las autoridades que estén atentas para que las consultas mineras en las diferentes comunidades se realicen cumpliendo todos los requisitos, proporcionando información veraz a la sociedad y escuchando a los comunitarios. En resumen, los expertos enfatizan la importancia del permiso social ambiental otorgado por la comunidad en la realización de proyectos mineros en República Dominicana y la necesidad de que las autoridades cumplan con su responsabilidad de supervisar y garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales.
