En una audiencia del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, se vio interrumpida por una protesta de afectados por la expropiación de terrenos en el caso "Calamar", lo que impidió que se decidiera la homologación de acuerdos realizados por el Ministerio Público con Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) y otros cinco imputados. Debido a la falta de inclusión de los dueños de los terrenos en el reparto del dinero a devolver por Jiménez Collie y los otros imputados, el caso tuvo que ser reenviado para el 22 de agosto.
En relación a Víctor Matías Encarnación Montero, exdirector técnico de la liquidada Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), el tribunal homologó un acuerdo realizado por el Ministerio Público. Sin embargo, el convenio realizado con Jiménez Collie y otros imputados se separó para ser tratado en otra audiencia. En el caso de Encarnación Montero, se aplicó el criterio de oportunidad para presentarlo solo como testigo, tras admitir su participación en los hechos investigados sobre coalición de funcionarios con el fin de estafar al Estado a través de pagos a ingenieros autorizados por el entonces ministro de Hacienda, Angel Donald Guerrero Ortiz.
La Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) se basa en el artículo 370, párrafo 6 del Código Procesal Penal para realizar acuerdos con imputados y ofrecerles el criterio de oportunidad a cambio de la admisión de culpabilidad y la colaboración en la investigación del delito. En la audiencia, los abogados de varios querellantes afectados con la expropiación de terrenos expresaron su queja de que el Ministerio Público busca únicamente resarcir al Estado como querellante, como resultado del acuerdo con Mimilo.
La falta de inclusión de los dueños de terrenos en el reparto del dinero a devolver por los imputados generó críticas y protestas por parte de los afectados en la audiencia. Se espera que el caso se retome el 22 de agosto para tomar decisiones respecto a los acuerdos homologados y separados. Estos acuerdos incluyen la aplicación del criterio de oportunidad en el caso de Víctor Matías Encarnación Montero, quien admitió su participación en los hechos investigados, y la colaboración en la investigación del delito por parte de los imputados.
La utilización del criterio de oportunidad por parte de la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa ha sido objeto de críticas por parte de los abogados de los querellantes afectados. Consideran que el Ministerio Público está enfocado únicamente en resarcir al Estado como querellante, en lugar de garantizar la reparación a los afectados por la expropiación de terrenos en el caso "Calamar". La protesta de los afectados interrumpió la audiencia y obligó a reprogramarla para más adelante, complicando el avance del proceso judicial.
